El lunes habrá una audiencia para frenar despidos en Impsa

Luego de que Impsa despidiera sin motivo expreso a 37 empleados de diversas áreas, la UOM denunció el hecho ante la Subsecretaría de Trabajo, desde donde se dispuso llamar a audiencia conciliatoria para el lunes 2. Será la condición que obliga a la compañía a frenar el recorte de personal y a blanquear su política ante la delicada situación financiera que activó un plan de ajuste.

Cabe recordar que hasta enero Impsa se había guarnecido bajo el paraguas de la declaración de crisis de empresa, lo que le permitió acceder a un subsidio de $ 2 mil por trabajador para sostener 1.000 puestos en Mendoza.

Con el vencimiento de la ayuda cuatrimestral, el holding optó por no solicitar una prórroga del beneficio ya que le impedía aplicar un recorte que, puertas adentro, se evalúa inevitable para surfear la crisis. En su edición del 6 de febrero, este diario anticipó el temor de los empleados a que, a partir de entonces, se produjeran despidos.

Según trascendió, quienes ahora se quedaron sin trabajo tenían una antigüedad laboral de entre 4 y 13 años y se desempeñaban en áreas de Mecanizada, Caldería, Nuclear y Generadores. Son un primer eslabón, que podría convertirse en cadena a mediano plazo si Impsa no consigue proyectos que le aseguren liquidez.

“Con la demanda actual, era necesaria una reducción porque la planta estaba sobredimensionada. La intención es hacer mejor frente a la masa salarial a futura hasta que se normalice el flujo de ingresos”, admiten en absoluta reserva para evitar más conflictividad desde la compañía, donde se asume que en cuanto a proyectos energéticos que puedan encararse hay muchas expectativas pero ninguna certeza.

Las cuentas en Impsa, de algún modo, justifican el no a los Repro. Los $ 2 mil que “bajaban” de la Nación al salario de cada trabajador no tenía mayor incidencia, teniendo en cuenta un costo salarial promedio de $ 20 mil (13 mil de haber bruto + cargas previsionales).

Será uno de los puntos que se pongan sobre la mesa en la audiencia prevista para el lunes 2 que en principio tendrá, según el director de Relaciones Laborales de la Provincia, Osvaldo Marín, “carácter informativo”.

Para Marín, “la ayuda económica terminó porque desde la empresa expresaron que estaban en condiciones de afrontar el costo laboral. Impsa tendrá que explicar qué pretende hacer, pero los despidos deben justificarse”.

Los trabajadores habían denunciado un "pacto" entre la empresa y dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y que otros 150 a 300 puestos laborales están en riesgo. Los Andes intentó reiteradamente contactar al secretario general del gremio, Luis Márquez,  para consultarlo al respecto, pero no hubo respuesta.

Más allá de que el supuesto acuerdo no se confirmó, el holding posee un “código de ética” para las relaciones laborales. El mismo contiene pautas relativas a políticas y procedimientos sobre la transparencia del vínculo en la organización y con terceros.

“Está expresamente establecida la obligación de evitar cualquier situación que cree conflicto entre intereses personales del colaborador y la organización, evitando que ejerzan influencias en su desempeño laboral”, detalla.

Molinos que traigan más aire
Por estos días, la prioridad para el holding que conduce Enrique Pescarmona es pulir una propuesta de acuerdo con sus acreedores en Brasil, donde una deuda de U$S 770 millones lo llevó al default en diciembre pasado. Y quiere hacerlo en simultáneo con sus tenedores de bonos en Argentina.

El término previsto era febrero, pero sus asesores financieros (el estudio Quantum, del economista y ex subsecretario de Finanzas de la Nación Daniel Marx) prevé ahora formularlo en marzo.

No obstante, desde el entorno de Pescarmona denuncian insistentemente que el problema de fondo es otro: estar desde hace tiempo marginada de los principales contratos energéticos del país, lo cual, pese a promesas de un “salvataje” de la Nación (con la compra de acciones del dique Potrerillos incluida), no se revirtió.

Aunque licitó la obra de Chihuido, en Neuquén, fue concesionada a capitales chinos, y en el horizonte asoma Los Blancos, como subcontratista de Cartellone.

Por el momento, en el corto plazo sólo tiene por delante la ampliación del parque eólico Arauco, que ejecutó en La Rioja. Allí, si todo avanza sin inconvenientes, la incorporación de 50 megavatios de potencia deberían reportarle unos $ 900 millones hasta 2017.

“Los Blancos no llega ni a premio consuelo. Los chinos  se quedan con 1.700 megas y, como subcontratista, a Impsa sólo le quedarán 450”, confía un conocedor de la firma mendocina.