El Kirchnerismo logró dictamen para la reforma del código procesal

Ya tiene media sanción del Senado y el próximo jueves puede convertirse en ley a pesar de las críticas de la oposición.

El Kirchnerismo logró dictamen para la reforma del código procesal
El Kirchnerismo logró dictamen para la reforma del código procesal

El kirchnerismo obtuvo hoy en Diputados dictamen a favor del proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que quedó habilitado para ser convertido en ley el próximo jueves pese a los cuestionamientos de la oposición sobre el artículo vinculado con la expulsión de extranjeros y los reclamos de modificación de la ley de Ministerio Público.

La propuesta, que tiene la media sanción del Senado, fue discutida en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, y contó con la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, que defendió la reforma al resaltar que hará "más eficiente la lucha contra el delito, pero principalmente contra el crimen organizado".

Previo al debate de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, diputados de la oposición presentaron una cuestión reglamentaria y advirtieron que el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, "violó" el reglamento al establecer a la Comisión de Justicia y no a la de Legislación Penal como cabecera para el tratamiento de la reforma.

El reclamo fue encabezado por la macrista Patricia Bullrich, quien sostuvo que "ha habido una violación muy profunda" del reglamento de la Cámara y acusó al kirchnerismo de "acotar la responsabilidad institucional" de los diputados de la oposición que "hace que quede relegada por imposición del oficialismo".

A la hora del debate de la propuesta y en una breve exposición, Alak sostuvo que el sistema de procedimiento penal necesita "una modificación profunda" y advirtió que esta "no es una deuda de la democracia sino una deuda de la república".

El ministro enfatizó que hay "una necesidad imperiosa de salir del sistema inquisitivo" y resaltó las ventajas de ingresar a un sistema acusatorio, donde el "juez se hace cargo de la investigación, de proteger las garantías del imputado, de condenar y juzgar".

Mientras que el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, apuntó que con el sistema acusatorio se atiende "la demanda ciudadana a tiempo, que todas las decisiones sean debatidas y adoptadas en audiencias orales y públicas, lo que dota al sistema de mayor transparencia".

Sin embargo, el radical Manuel Garrido acusó al ministro Alak de que "no hizo su trabajo" y "mandó una fotocopia" de un sistema procesal penal de otros países de América Latina.

Además, el legislador lo cuestionó porque con esta propuesta delegó en una comisión bicameral "lo que deberían haberse ocupado el Ministerio de Justicia" y se quejó por la falta de una reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal.

Otro de los que cargó contra Alak fue el diputado de la Coalición Cívica-ARI Pablo Javkin quien consideró que hubo "un menosprecio" por parte del funcionario que dedicó pocos minutos para tratar el proyecto.

En lo que respecta al dictamen enviado por el Senado, Javkin cuestionó el artículo 35, vinculado con la expulsión de extranjeros, que -según su opinión- "quedó redactado en forma incoherente" pese a las modificaciones aplicadas en la Cámara alta.

La jefa del GEN, Margarita Stolbizer reflexionó que un cambio "fundamental" de un procedimiento procesal penal "hubiera merecido una consideración y un debate más profundo" y advirtió que "las reformas que se han introducido en el Senado no tocan las cuestiones centrales como el Anexo II (vinculado con la designación de fiscales) que excede el proyecto".

Desde el oficialismo, Pablo Kosiner (FpV) defendió la propuesta y rechazó puntualmente los cuestionamientos relacionados con el artículo vinculado con la expulsión de extranjeros al asegurar que "es imposible avanzar en un proceso de persecución de extranjeros".

La propuesta enviada por el Gobierno prevé el pase de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, pero además deja la investigación en manos del fiscal mientras el juez pasa a actuar como garante del proceso y a dictar las sentencias.

La investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y termina con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede extenderse más de tres años.

Desde el bloque kirchnerista se confirmó que la propuesta será tratada en el recinto en una sesión que será convocada para el 4 de diciembre, ya que el día anterior se realizará la sesión preparatoria en la que se designarán las autoridades de la Cámara.

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