Nueva ley para disponer de prisión preventiva a procesados, el 'gran anuncio' de Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo ya había anticipado que durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura iba a anunciar un proyecto al que calificó de "muy importante" y de gran repercusión en el ámbito legislativo y social. Así, pasadas las 12, el mandatario anunció que el viernes pasado envió a la Casa de las Leyes una iniciativa para modificar la disposición de la prisión preventiva a procesados por delitos graves o muy graves.

"Queremos que los que hayan cometido delitos graves o muy graves esperen ser juzgados detrás de las rejas", proclamó.

"Porque está absolutamente demostrado que son un riesgo para la sociedad”, afirmó el mandatario al explicar el proyecto presentado -que según precisó- promueve la transparencia sobre la situación judicial de las personas privadas de libertad sin condena, más conocidos como procesados.

Y agregó: "Buscamos establecer un procedimiento ágil y rápido para disponer la prisión preventiva, su prórroga, cese y control, permitiendo la participación del imputado y la víctima".

Esta norma impone la obligación al Ministerio Público Fiscal en todos los casos en los se requiera la prisión preventiva al juez competente.

"Este es un mensaje claro para que los delincuentes sepan que vamos a ir por ellos, con el apoyo de leyes potentes", aseguró Cornejo.

Señaló que con la presentación de esta nueva norma desde el Ejecutivo se busca ayudar a la Justicia Penal para que "pueda cumplir el mandato de los ciudadanos decentes que reclaman terminar con el absurdo de la puerta giratoria con la que se benefician muchos delincuentes que, una vez aprehendidos, entran y salen como si nada hubiera pasado".

Promesa de campaña

Una de las promesas de campaña de Cornejo fue la de modificar los procesos penales. Y tras el contratiempo que sufrió con el fallo de la Corte que ponía límites a las detenciones, decidió crear un proyecto que se ajuste a uno de sus principales objetivos como Gobernador: terminar con la inseguridad.

Por eso hoy aprovechó su discurso para lanzar un paquete de medidas para luchar contra la delinciencia. La novedad se centró en la modificación del algunos artículos del Código Procesal Penal, introduciendo cambios a la prisión preventiva, cómo se dicta, cómo se controla y cómo se establece su cese.

“Hay un vacío legal que hace que cada juez haga uso de su propio criterio Así, los delitos graves y muy graves quedan a la libre interpretación del juez, quien determina si el sospechoso queda aprendido o no”, aclaró durante una conferencia de prensa que se hizo en el Salón Rojo al finalizar el acto.

En líneas generales, el mandatario se refirió a los puntos que introdujo para no dejar “espacios grises” en los procedimientos referidos a delitos de flagrancia o a delitos como homicidios o robos agravados, por ejemplo.

“Algunos delincuentes quedan en libertad y otros quedan detenidos, según si se considera que la persona es peligrosa o no para estar suelta. Nosotros acá lo que queremos es meternos en la calificación de que es una amenaza y así establecer medidas específicas para cada caso para que de esta manera no queden sujetas a la interpretación del juez”, detalló Cornejo.

Además agregó que se estableció un elemento clave, la celeridad para resolver si le dan a la persona prisión preventiva o no. “Esto debe ser resuelto en un plazo de 10 díaz”, dijo.

Un tema polémico de larga data

Diciembre de 2015 terminó con cruces entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Es que la Suprema Corte de Justicia resolvió un hábeas corpus presentado por abogados y organizaciones vinculados a los Derechos Humanos.

El fallo disponía que los fiscales debían informar cada detención, en el término de 24 horas, a un juez de garantías y éste, en el mismo plazo, resolver si esa persona debía continuar detenida o bien ser liberada. Además ponía límites a las prisiones preventivas, que debían ser dictadas por un período determinado y como última opción.

La decisión no causó nada de gracia al Ejecutivo y la resolución de la Suprema Corte tuvo menos de una semana de vigencia. El 30 de diciembre, el Máximo Tribunal local habilitó feria para tratar el recurso extraordinario presentado por el procurador Rodolfo González contra ese polémico fallo, al que terminó dando por suspendido en su aplicación.

El conflicto nació cuando trascendió el fallo firmado por cuatro miembros de la Corte en respuesta a un hábeas corpus presentado por la organización de derechos humanos Xumec para resolver las prisiones preventivas de más de 800 presos, quienes estaban detenidos sin la intervención de un juez de Garantías.

Los hechos se desencadenaron el miércoles 23 por la noche, cuando trascendió el polémico fallo. En esa sentencia, Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo, Jorge Nanclares y Julio Gómez hacen lugar al pedido de Xumec y otorgan un plazo de 60 días para regularizar la situación de los detenidos sin intervención de un juez imparcial y, además, obligan a los fiscales a notificar las detenciones de personas en 24 horas.

La medida tenía un destinatario principalísimo: el procurador Rodolfo González, quien es el jefe de los fiscales de la Justicia provincial. Pero nadie tendió puentes hacia el Ejecutivo y apenas conocida la sentencia, el gobernador Alfredo Cornejo y los conmilitones entendidos en seguridad estallaron en cólera, argumentando que esa sentencia es de imposible cumplimiento por los recursos policiales que insumiría y, de paso, agitó uno de los más terribles temores sociales, al decir que el fallo abriría las puertas de las cárceles para que salieran los 800 detenidos.

Así, el principal apuntado por la polémica acordada encontró la forma de contraatacar. El procurador González apeló el fallo con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema nacional y pidió la suspensión del hábeas corpus. Finalmente el fallo fue suspendido a la espera de la respuesta del Máximo Tribunal nacional.