• Martes, 21 de marzo de 2017
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El Gobierno nacional argumentó su política migratoria en Washington

También ante la CIDH, el Estado rechazó acusaciones sobre la restricción de derechos para los extranjeros en el país.

Télam

El coordinador general de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, presentó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las iniciativas que conforman el programa de modernización judicial que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Por otra parte, el gobierno argentino defendió ante la CIDH su política de derechos humanos, de libertad de expresión y de migraciones. 
Gil Lavedra expresó que Justicia 2020 nació de una importante demanda social que exigía mejores respuestas de parte de las instituciones judiciales: “La corrupción reclama Justicia y la inseguridad reclama Justicia”. 

En tanto, el gobierno argentino defendió ante la CIDH su política de derechos humanos y de “respeto a la libertad de expresión”, en el marco de una audiencia en la que organizaciones sociales plantearon denuncias sobre la “represión a la protesta y la sindicalización” en la provincia de Jujuy. 

“Estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad argentina”, destacó en su exposición el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien encabezó la delegación del Estado argentino. 

Además, el Estado nacional defendió su política migratoria, y afirmó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó aspectos de la Ley de Migraciones busca garantizar la “regularidad migratoria” y no es “contra los migrantes irregulares”.

“Nosotros trabajamos sobre la regularidad migratoria, no contra los migrantes irregulares”, dijo el Estado nacional durante la audiencia representado por Avruj, y el director y vicedirector de Migraciones, Horacio García y Julián Curi, respectivamente.

Organizaciones de la sociedad civil habían acudido a la CIDH para reclamar por el DNU 70/2017 del 20 de enero, al que consideraron “restrictivo de los derechos humanos” para los migrantes, sobre todo para “los que están en situación de pobreza” y “tiene como regla la privación de la libertad”. 

A su favor, el Estado precisó que durante el año pasado, “215 mil personas obtuvieron la radicación en Argentina, 92 de los cuales estaban ya en el país en una situación totalmente irregular”, y consignó que, en los tres meses que lleva de implementación del decreto, fue regularizada la situación de “48 mil migrantes”.

Además, según explicó Avruj, el DNU en cuestión “asegura a los migrantes la amplitud de derechos civiles, sociales y culturales, al igual que hace con los nacionales”, sólo que “enfocándose en el cumplimiento de las leyes”. 

El director general de Migraciones, Horacio García, indicó que, a futuro, serán abiertas cuatro delegaciones en la provincia de Buenos Aires -distrito que recibe la mayor afluencia de migrantes- para contribuir a la regularización, y señaló a esa medida como una muestra del espíritu “abierto” de la política oficial de migraciones, mientras que en el resto del mundo “las fronteras se cierran”. 

Las organizaciones de la sociedad civil que expusieron  recordaron que los inmigrantes que son parte de la población carcelaria se mantuvieron en los niveles de los últimos diez años.