El Gobierno apura datos sobre coimas de Odebrecht

El Gobierno nacional tiene la mayor premura para saber quiénes fueron los funcionarios que recibieron coimas de la megaempresa de origen brasileño Odebrecht y si bien coincidió con la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió de que hay "sectores" que supuestamente protegen judicialmente al ex ministro de Obras Públicas durante el kirchnerismo Julio De Vido, negó que se trate de algunos de sus integrantes.

Las definiciones las hizo ayer en declaraciones periodísticas el ministro de Justicia, Germán Garavano, después de que trascendiera que durante la semana pasada, cuando estaba en gira oficial en Japón el presidente Mauricio Macri lo llamó en dos ocasiones para interesarse acerca de cómo iban las negociaciones con Odebrecht para que pueda conocerse la identidad de quienes cobraron coimas por 35 millones de dólares que esa empresa pagó como parte de sobornos que realizó en 24 países por un total de 1.038 millones de dólares para obtener la realización de obras públicas.

También luego de que la diputada Carrió, cofundadora de la alianza Cambiemos que llevó a Macri a la Presidencia, asegurara el sábado pasado que incluso desde el Gobierno se protege a De Vido en las causas judiciales. "Todos, sin exclusiones, quieren proteger a De Vido.

Tengo un profundo cansancio moral. Me cuesta creer en alguien. Nunca creí que me pudiera pasar esto en un gobierno de Cambiemos”, dijo Carrió, y agregó: “¿Por qué cuidan tanto todos a De Vido? Porque De Vido puede hablar y si llegara a hablar, podría comprometer a todos, empresarios, banqueros, jueces, miembros de tribunales superiores”.

Ayer Garavano coincidió en parte con Carrió al sostener que “hay muchos sectores que quedaron involucrados en estas maniobras, que son algo muy transversal a varios sectores de la clase política, y estos genera impedimentos”. Pero disintió con ella en cuanto a que funcionarios del Gobierno puedan darle protección a De Vido.

El ex ministro kirchnerista no ha sido involucrado por los "arrepentidos" brasileños en el caso de coimas de Odebrecht. En cambio, sí han sido mencionados el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Angelo Calcaterra, primo de Macri y hasta hace dos meses presidente de la constructora Iecsa.

“Ella (Carrió) podrá o no tener información sobre alguna persona puntual”, agrego el ministro de Justicia. “El Presidente nos ha dado la orden de avanzar hasta las últimas consecuencias, sin que haya miramiento. Y que esto se aclare lo más pronto posible y esté toda la información disponible”.

Garavano negó, por otra parte, que sea el Gobierno el encargado de negociar con Odebrecht para que se conozcan los destinatarios de los U$S 35 millones pagados en coimas, sino que “debería ser” la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó, cuyo desplazamiento busca concretar el Gobierno vía juicio político.

Los dichos de Carrió también provocaron la reacción de la diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer. Quién le reclamó a la jefa de la Coalición Cívica que se presente ante un fiscal "y diga las cosas que sabe".

El fiscal federal Jorge Di Lello, en tanto, accedió a un pedido del jefe de la AFI al abrir ayer una investigación contra el operador financiero brasileño Leonardo Meirelles por presunto falso testimonio. El jefe de la inteligencia argentina y amigo del Presidente había hecho esa denuncia   la semana pasada luego de que Meirelles asegurara haberle pagado sobornos por 850 mil dólares en diez transferencias durante 2013, en declaraciones por videoconferencia con el fiscal Federico Delgado y el jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez, en una causa en la que Odebrecht habría pagado coimas para ganar la licitación para obras en una planta potabilizadora de la estatal Aysa en la localidad bonaerense de Zárate.

Desestiman denuncia por enriquecimiento de Carrió

El juez federal Daniel Rafecas desestimó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra la diputada nacional Elisa Carrió (CC-Cambiemos) luego de que el denunciante confesara que cobró 1.500 pesos por hacer la presentación en los tribunales de Comodoro Py.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado dispuso archivar la denuncia que había realizado el albañil Saúl Enrique Paz, con instrucción primaria y residente en la localidad bonaerense de Derqui, que había faltado a las dos citaciones del juzgado para que ratificase la presentación y la firmara.

Rafecas ordenó el jueves pasado a la fuerza pública ir a buscar a Paz y acercarlo al juzgado, oportunidad en la cual el denunciante confesó que había sido llevado a Comodoro Py por un tal Alan González a radicar una denuncia laboral, que no había leído el texto del escrito y que por ello cobró 1500 pesos.

“Se ha demostrado que (la denuncia) no responde a alertar a la autoridad acerca de un hecho ilícito, sino más bien, a una maniobra presuntamente fraudulenta destinada a generar un estado de sospecha, en este caso, respecto de una funcionaria pública”, sostuvo el juez en su fallo.