El fin del robo a las provincias

Un fallo de la Corte ordena dejar de retener a las provincias el 15% destinado a la Anses y pone en mayor riesgo las cuentas fiscales de la Nación.

Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes

Esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó tres fallos en los que declara la inconstitucionalidad de las retenciones efectuadas a las provincias en virtud de la extensión por decreto del pacto fiscal originado en 1995, por el cual estas cedían el 15% de la masa coparticipable para ayudar a la financiación de la Anses. De la misma forma consideró una retención del 3,9% que se hace para financiar el funcionamiento de la AFIP.

El fallo favorece directamente a las provincias de Santa Fe y San Luis y ordena que se les reintegren los montos mal retenidos. En esto se acopla Córdoba, que solo obtiene fallo favorable para una acción de amparo que ordena suspender las retenciones. Si les tuvieran que devolver todos los montos mal retenidos, el gobierno nacional debería pagarles unos 89.000 millones  entre las tres provincias.

El origen del problema

El pacto fiscal nace en ocasión de la privatización de la administración de los fondos jubilatorios, que iba a generar un desfinanciamiento de la Anses, que no percibiría más los aportes personales de los trabajadores. Para compensar, la Nación ofreció a las provincias transferirle sus cajas de jubilaciones. La mayoría de las provincias lo hicieron, pero en el caso de Córdoba y Santa Fe no lo hicieron y no firmaron ningún pacto, por lo que no correspondía la retención.

En el caso de San Luis, se hizo la transferencia, pero como los beneficiarios de esa caja cobraban prestaciones superiores, el gobierno nacional decidió devolver la caja a la provincia, por lo que tampoco correspondía hacer las retenciones.

El famoso Pacto Fiscal fue renovado entonces por el ex presidente Kirchner en 2003 y luego fue renovado en 2006. En ambos casos con conformidad de las provincias, en  este caso Mendoza que también adhirió. Luego en 2011, Cristina Fernández de Kirchner lo prorrogó sin acuerdos por decreto de necesidad y urgencia.
En todos los casos, ningún gobernador provincial tomó la iniciativa de reclamarle nada a la Nación. Tanto Julio Cobos, como Celso Jaque y Francisco Pérez, por su adhesión al kirchnerismo, postergaron los intereses de la provincia para darle prioridad a sus lealtades hacia la familia gobernante.

Lo paradójico era que mientras el gobierno nacional se quedaba con una porción importante de los fondos de las provincias, estas eran sometidas a tener que pedir “favores”, pero muchas veces les prestaban con intereses y, en algún momento, esa plata era ajustada por el CER. Esta barbaridad la vine denunciando desde acá y en todos los medios desde que se gestó y nadie pareció darle importancia. Todos los adictos a los Kirchner convalidaban este robo a la provincia.

De la misma manera, nunca se le reclamó a la Nación por haber fijado un precio arbitrario al petróleo, cuyo precio interno siempre estuvo alejado del precio internacional. Mendoza perdió por esta otra vía otra gran cantidad de recursos propios por un capricho, por la manía de inventar realidades virtuales para acomodarlas a las propias fantasías. También los gobiernos kirchneristas de Mendoza convalidaron este robo y nunca se hizo ningún reclamo a la Nación.

Lo que viene no es fácil
Es muy prematuro hacer números acerca de la cantidad de recursos que podría significar esta decisión de la Corte, el gobernador Cornejo estima que podrían ser entre 2.400 y 2.800 millones de pesos, mientras que la retención para la AFIP podrían ser otros 300 millones.
El problema será para el gobierno de Macri, porque dejará de contar con unos 140.000 millones anuales. Cabe señalar que el superávit del año pasado del Anses fue de 52.000 millones, lo que implicaría que, en caso de cumplir el fallo, el organismo previsional quedaría en déficit y, además, no podría seguir financiando programas como Ahora 12, Progresar, Notebook, y la Asignación Universal por Hijo, que el nuevo presidente quiere ampliar.
Es un verdadero problema porque todos tienen razón pero no alcanza la plata. Incluso, es probable que los empleados de la AFIP presenten una medida precautoria contra el fallo de la Corte al entender que el mismo deja sin financiamiento al organismo y podría violar el principio de la intangibilidad de los salarios de los empleados del Estado.
Lo cierto es que el tema jubilatorio volverá a ser un problema, ya que hay que hacer frente a prestaciones que crecieron con gente que no había hecho aportes y, probablemente, es una medida socialmente comprensible, pero financieramente inviable.
Tampoco se sabe si el gobierno de Macri implementará la medida de forma inmediata o esperará que cada provincia haga su propio reclamo, como una forma de darse tiempo para esperar que la economía se recupere y, con un mayor crecimiento, se puedan estabilizar las cuentas fiscales.
En el medio de esto resulta casi graciosa la actitud del Fiscal de Estado de Mendoza, que mandó una Carta documento al Banco Nación y la AFIP, algo que nunca tuvo la iniciativa de hacer cuando era legislador. Por lo menos cubre las formas, pero con resultado incierto.
En el gobierno nacional no solo están preocupados por las implicancias financieras de los fallos sino porque la Corte, además, obliga al Ejecutivo a dictar una nueva ley de Coparticipación, como mandaba la Constitución reformada en 1994. El problema es que nunca se pudo avanzar en esta reforma porque la Carta Magna exige que el acuerdo sea por unanimidad y esto es algo difícil de conseguir.
Al respecto, algunos especialistas afirman que para considerar los aportes de la Nación no solo hay que medir la recaudación impositiva sino también las inversiones que la Nación hace en obras de infraestructura e, incluso, en salarios pagados a empleados de organismos nacionales.
El problema no es menor y le agrega una complicación manifiesta al nuevo gobierno que, de entrada, enfrenta una situación fiscal compleja y una notoria carencia de divisas en el Banco Central. Hará falta una gran capacidad negociadora y una alta dosis de buena fe para evitar los conflictos y poder arribar a una solución que repare la parte dañada del federalismo, pero dentro de las posibilidades del fisco nacional.

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