El alquiler de vientres ya es el gran tema judicial de Mendoza

Los dos casos revelados, más otros que habría -todos con un mismo modus operandi-, obligaron a una fiscal a investigar si es una práctica legal. Un juez ya dijo que es válida.

A pocos minutos de iniciado el viernes 9 de enero de 2015 comenzaba una historia que durante toda esta semana llamó la atención de los mendocinos y que reveló que el llamado alquiler de vientres es una realidad imposible de ocultar.

Ese día, en el Hospital Español, una mujer de 28 años trajo a este mundo a un niño por cesárea. Lo llamativo es que sus padres -biológicos y legales- no estaban en la sala de parto y, de hecho, ni siquiera en el hospital, ya que son oriundos de Buenos Aires.

Ellos optaron por la técnica de maternidad subrogada para tener el bebé. Así entraron en escena la joven mendocina de 28 años que lo gestó y Argentina Maternity -presidida por el abogado especializado en derecho reproductivo Juan Pablo Rojas Pascual-, entidad sin figura legal que asesora a padres con problemas de fertilidad y que puso en contacto a los padres del bebé con la gestante.

Poco más de siete meses después de este episodio (a finales de julio), y con aquel pequeño niño ya viviendo en Buenos Aires, un juez de Familia de Mendoza, Carlos Neirotti, falló en contra de un pedido de nulidad del convenio de maternidad subrogada que había solicitado una asesora de menores.

La mujer señalaba posibles irregularidades en el caso -como que el niño había sido inscripto con el apellido de la mujer que lo tuvo- y buscaba dejar sin efecto el contrato que habían suscripto las personas que acudieron a la maternidad subrogada y la mendocina de 28 años oriunda de Los Barrancos, un humilde barrio del oeste de Godoy Cruz.

De todas formas, el juez Neirotti destacó en su fallo que hizo lugar a todo, reconociendo que quienes manifestaron voluntad procreacional son los padres y considerando que no iba en contra de la moral y los derechos del niño.

Incluso, recomendó que, aunque no estuviera demostrado en este caso, debería estar remunerado el servicio de gestación. Porque para él, más que un alquiler de vientre, es pagar la prestación.

Luego de estos hechos la Justicia comenzó a investigar a Argentina Maternity de la mano de la fiscal Claudia Ríos, que imputó a la mujer gestante pero después de la prueba de ADN se cayó la acusación y tuvo que sobreseerla.

Cabe aclarar que esta práctica es aceptada legalmente en otros países y de hecho, la Unión Internacional para la Abolición de la Maternidad Subrogada lanzó para el día de la madre en el hemisferio norte la campaña “No Maternity Traffic”, que intenta abolir el alquiler de vientres, práctica a la que han recurrido famosos como Ricky Martin, Ricardo Fort y Flor de la V.

El segundo caso 
A mediados de junio nacía otra bebita en Mendoza bajo estas condiciones. Nuevamente, la gestante de 32 años era del barrio Los Barrancos, el nacimiento en el Español y el intermediario, Argentina Maternity, pero esta vez la pareja que requirió los servicios estaba compuesta por dos hombres, profesionales de la salud, de origen chileno.

Los hombres, uno de ellos presuntamente prestador de los gametos y médico de la zona de Las Condes, en Santiago, fueron detectados a principios de agosto por la Policía Aeroportuaria y luego detenidos de oficio por la fiscal Ríos pese a que tenían los papeles de la beba en regla y ya habían hecho los controles migratorios.

Tras este hecho, salió a la luz que varias parejas también habían querido hacerse con los servicios de Argentina Maternity y muchas otras consultado a especialistas en el tema quienes, a su vez, les sugerían que hicieran el alquiler de vientres donde la práctica está regulada, no en nuestro país.

En el medio surgieron investigaciones que apuntan a detectar una red de comercio de bebés, trata de personas y posibles pagos a las mujeres gestantes y la forma en que estas son reclutadas, ya que en un primer momento se afirmó que se hacía de manera desinteresada y luego se habló de montos que rondaban entre 200 mil y 400 mil pesos.

Con el último caso en las primeras planas de Mendoza -y del país-, a las 3 de la mañana del jueves pasado la web de Argentina Maternity fue cerrada con una leyenda en donde se acusaba a la Policía Aeroportuaria, a los periodistas que divulgaron el caso y a la Justicia por pensamientos de “la Edad Media”, homofóbicos y de abuso a la autoridad.

Ese mismo día declaró ante Ríos la gestante de 32 años, quien en un primer momento dijo haber estado de novia con el médico chileno y  que luego fue desmentida por el propio galeno, segundo en dar testimonio ante la fiscal el viernes. El hombre confesó que pagó por el servicio de alquiler de vientre, aunque tanto él como la mujer no serían blanco de acusaciones de la fiscalía.

Un gran vacío legal

A principios de agosto, pocos días después del fallo del juez Neirotti -y con el nuevo Código Civil vigente, que en un principio incluía el alquiler de vientres pero que luego fue descartado-, Rojas Pascual y los miembros de Argentina Maternity presentaron un proyecto en la Legislatura para que esta técnica sea regulada por ley provincial y, de ese modo, existan las garantías pertinentes para poder llevarla adelante sin trabas.

El suprimido artículo 562 del Código Civil contemplaba -en el primer borrador- la técnica de reproducción humana asistida (TRHA) conocida como gestación por sustitución.

En estos casos, un juez debía autorizar el procedimiento y de ese modo se consideraba al niño como hijo de quien había manifestado su voluntad procreacional. Al suprimirse este articulado, sólo quedaron contempladas las técnicas de pareja que no involucran a terceros.

El pasado miércoles, en tanto, la senadora nacional Laura Montero presentó un proyecto de ley para regular la gestación por sustitución, o alquiler de vientre, con el objetivo de “llenar un vacío legal”. La propuesta cuenta con los aportes de las especialistas Andrea Lara y Eleonora Lamm.

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