Ecuador: otra insólita medida contra la prensa

Que algunos gobiernos latinoamericanos han decidido avanzar decididamente sobre los medios de prensa no constituye ninguna novedad. Pero de allí a multar a un medio de difusión por no cubrir un acto presidido por un alcalde sobrepasa los límites de lo concebible.

Es lo que sucedió en Ecuador, donde el gobierno aplicó una multa de 3.500 dólares a un medio del interior por no haber concurrido a un acto en el cual el alcalde de Loja -la tercera ciudad del país- iba a rendir cuentas de su gestión.

Los gobiernos en América Latina ofrecen un amplio abanico sobre el respeto a la libertad de expresión. Sin lugar a dudas Venezuela y Ecuador se encuentran a la cabeza de los que han avanzado sin límites sobre la prensa, mientras en un término medio podría ubicarse a Bolivia y al Perú que, si bien mantienen diferencias, no son tan profundas como en los dos primeros casos.

El gobierno brasileño también suele ingresar en la discusión sobre la difusión de las noticias, pero los ejemplos a seguir deberían constituirlo Uruguay y Chile, donde la libertad de expresión llega a tal punto que la propia televisión oficial suele brindar detalles sobre encuestas que determinan la caída en la credibilidad de la gente sobre la gestión del presidente. En ese marco de situación, lamentablemente la Argentina, cada vez más, va tomando el estilo de Venezuela y de Ecuador.

Si bien lo que ocurre en el gobierno bolivariano de Venezuela es ya un hecho casi común por la forma en que actúa sobre la oposición o sobre los medios, deteniendo a los dirigentes “rebeldes” o cerrando o interviniendo medios que no comulgan con la gestión, lo que sucede en Ecuador no deja de llamar la atención. Rafael Correa se esmera en intentar presentar un perfil democrático pero en los hechos demuestra todo lo contrario.

Su relación con los medios opositores tuvo episodios tirantes; uno de los más destacados fue el juicio contra tres directivos del diario El Universo y su ex editor de Opinión por supuestas injurias. Los acusados fueron sentenciados a tres años de prisión y a pagar 40 millones de dólares de multa, pero ante la presión internacional Correa decidió perdonarlos.

Con posterioridad, el gobierno de Ecuador promulgó una polémica norma sobre los medios denominada Ley Orgánica de Comunicación, también conocida como “ley mordaza” en razón de que se suele utilizar para presionar a los diarios, radios y canales de televisión que son críticos con el oficialismo.

Y una de las últimas embestidas se produjo contra un caricaturista, multado con 90 mil dólares por satirizar un allanamiento policial a la casa de un opositor político y por un dibujo sobre Agustín Delgado, un ex jugador de fútbol de la selección y actual diputado por el oficialismo.

Pero lo que ha superado todos los límites ha sido la decisión adoptada días pasados, cuando la Superintendencia de Información y Comunicación impuso una multa de 3.500 dólares al diario La Hora, de la ciudad de Loja, por la “omisión de temas de interés público” al no asistir a un acto en el que el alcalde rendiría cuentas sobre su gestión.

La denuncia la hizo el propio alcalde, aduciendo que se “incurrió en censura previa sobre la publicación de temas de interés general”, lo que impidió que la ciudadanía “conociera en qué se gastó el presupuesto del Cabildo”.

Las autoridades del diario decidieron no abonar la multa, aún a pesar de tratarse “de una suma menor”, pero aclarando que se fundamentan en la “defensa del principio según el cual son los propios periodistas los que deben decidir el contenido de los medios y no la gente del poder político o empresario”, asegurando entonces que “desde que se aplica la Ley de Comunicación, los medios independientes de Ecuador quedamos en total indefensión”.

A lo largo de los años, la Sociedad Interamericana de Prensa ha advertido sobre los avances que algunos gobiernos -entre ellos la Argentina- han mantenido contra los medios de comunicación. Pero en lugar de escuchar las advertencias y modificar la situación, los gobernantes han continuado con su política, profundizándola, lesionando seriamente con esa actitud los principios democráticos que dicen defender.