Drogas: un flagelo que avanza

A pesar de las advertencias que se han sucedido a lo largo de los últimos años, la dirigencia política -no sólo el Gobierno, a quien le cabe la mayor responsabilidad- pareció mirar para otro lado y el problema de la droga siguió avanzando.

Es más, cuando en su momento la situación salió abiertamente a la superficie, con ataques de los carteles en Rosario, tanto el gobierno de Santa Fe como el Nacional se tiraron la pelota sobre las responsabilidades pero muy poco se hizo para enfrentar abiertamente el problema.

Cabría hacer alusión a las respuestas que, años atrás, surgían de parte de las autoridades nacionales cada vez que se les consultaba sobre la droga en la Argentina. El actual jefe de Gabinete insistió, en numerosas oportunidades, en que en el país no existían las denominadas “cocinas” y que esencialmente éramos un lugar “de paso”.

Ante la insistencia en las consultas, los funcionarios se limitaban a señalar también que el único peligro se centraba en que, en todo lugar “de paso”, “algo queda” para la distribución interna.

En ese esquema también se advertía que Mendoza, por ser una provincia limítrofe, se ubicaba entre aquellas en las que el flagelo podía llegar a afectar. Por otra parte, se advertía que resultaba muy difícil controlar el ingreso de la droga al país por la extensión de las fronteras.

Sin embargo, las “explicaciones” -poco convincentes- de los funcionarios chocaron contra la realidad, porque todo lleva a indicar que el problema de la droga se ha incrementado sustancialmente en la Argentina.

Así lo señala un estudio del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina, que destaca que en casi la mitad de los barrios argentinos se venden drogas ilegales y que la situación ha empeorado en los últimos cuatro años.

Indica que en 2010 las respuestas señalaban la presencia de droga en 30 por ciento de las localidades, porcentaje que pasó a 45 por ciento en 2014, lo que representa 50 por ciento de crecimiento en la percepción pública sobre la existencia de bocas de expendio de estupefacientes en las cercanías de sus viviendas.

El relevamiento se efectuó en ciudades de más de 80 mil habitantes y los autores de la iniciativa calificaron los resultados de “muy preocupantes”, porque “estamos ante una situación de desborde”.

Para dar una idea de la gravedad del problema, se indica que en casi dos por ciento de los hogares argentinos (242.759) hay problemas de adicciones severas a las drogas ilegales, y que no se trata de consumos ocasionales o de experiencias pasajeras sino de señales de abuso.

Aclara también que la adicción atraviesa todas las clases sociales, aunque cobra mayor presencia en los hogares más golpeados por la falta de empleo formal, lo que lleva a pensar que, en ese esquema, se incrementa sustancialmente la inseguridad en razón de que en muchos de los casos los adictos se ven en la “necesidad” de delinquir para obtener el dinero con el que poder acceder a la droga.

La Iglesia Católica ha advertido en numerosas oportunidades sobre la necesidad de que la dirigencia política haga frente al flagelo, y el propio Papa Francisco habló con meridiana claridad cuando advirtió que la Argentina corría el riesgo de una “mexicanización”, por los problemas que se han generado con la presencia de los carteles en México y que motivaron una aclaración de parte del Vaticano.

Las autoridades argentinas se sintieron molestas con el planteo y hay quienes atribuyen a esas diferencias la salida del sacerdote Juan Carlos Molina, último titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).

En lugar de molestarse por los planteos o por los resultados de los relevamientos, resultaría oportuno que las autoridades tomen cartas en el asunto y establezcan las medidas necesarias para enfrentar el flagelo.

Una responsabilidad que le cabe también a la dirigencia política en general que, más allá de las plataformas individuales, deberían acordar criterios a los efectos de enfrentar un problema que pone en riesgo a la actual y a las futuras generaciones.