Diputados ya analiza la emergencia en seguridad

La ministra de Seguridad de la Nación pasó hace dos semanas por Mendoza. Pidió, entre otras cosas, a la vicegobernadora, Laura Montero, que Mendoza adhiriera “urgentemente” al decreto de “Emergencia en Seguridad Pública” declarado por el presidente, Mauricio Macri. Si bien aquí, desde la Legislatura y el Ejecutivo, aseguran que venían trabajando desde antes, esta semana todo se aceleró.

Concretamente porque ayer tomó estado parlamentario el proyecto de ley local que determina la adhesión al decreto del jefe de Estado argentino.

Además, la Cámara de Diputados declarará “la emergencia en el Sistema de Seguridad Pública en todo el territorio provincial por el término de 24 meses”. A grosso modo se puede comprender que ambos tienen más o menos el mismo objetivo, que es combatir la inseguridad tanto desde lo nacional como en lo territorial. El primero, que fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 22 de enero y al que el propio Presidente pidió que las provincias adhirieran, busca “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado”.

Mientras, la segunda iniciativa -que se trataría en realidad como una especie de ‘paquete’ junto a la nacional- tiene como fin fundamental la “protección de la vida, la libertad y los bienes de las personas” ya que, según indica en parte de su texto, “es pública y notoria la grave situación por la que atraviesa el país, y de la que no está exenta la Provincia en materia de seguridad y que ha llevado al Gobierno nacional al dictado del decreto”.

Cabe recordar que, la semana pasada, el gobernador Alfredo Cornejo armó la agenda legislativa y colocó a la seguridad como una prioridad, de la misma manera en la que lo había hecho durante su campaña.

“Nos llegó hoy (por ayer), pedí que tomaran rápidamente estado parlamentario y empezaremos mañana jueves a tratarla en comisión”, dijo el diputado César Biffi (UCR), resaltando la importancia de la normativa.

Tal cual se destaca en el texto, para abordar dicha temática es necesario trabajar tres ejes: “La prevención y el combate del delito; el mejoramiento del sistema penitenciario y la reorganización de la Justicia: estableciendo acuerdos básicos entre los tres poderes del Estado y los distintos estamentos de Gobierno nacional, provincial y municipal”.

Mientras, en otra parte, la adhesión que lleva la firma de Cornejo y su ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, remarca que “combatir la inseguridad requiere respuestas de corto plazo que repriman el delito emergente e impidan la altísima impunidad actualmente existente”.

También con estas normativas se buscará “optimizar los recursos  humanos, tecnológicos y materiales”.