Denuncia por el estado de las cárceles

Bajo la premisa de que “Mendoza no escuchó los reclamos que produjeron el motín del año 2000 e hizo caso omiso de las recomendaciones que surgieron para evitar nuevos hechos y se llegó al año 2004 con decenas de muertos y heridos”, presentarán hoy en Londres un detallado informe sobre los establecimientos carcelarios de la provincia.

El trabajo, que también señala  que se dejaron sin efecto medidas provisionales y se informa que existen  videos de denuncias de tortura en San Felipe, será expuesto en la sede de Amnesty Internacional. Y a mediados de semana será presentado ante organizaciones afines a la Naciones Unidas, en este caso en la ciudad de Ginebra.

El abogado mendocino Carlos Varela Álvarez, en su calidad de peticionario de Medidas Cautelares, aseguró a Los Andes que se han entregado copias de este informe a la Subsecretaría de Justicia, Fiscalía de Estado, Colegio de Abogados y Suprema Corte Justicia.

Las denuncias

En el escrito se hace referencia a las visitas realizadas en el mes de junio a los distintos establecimientos carcelarios de la provincia. Y en un párrafo dedicado al penal San Felipe se puede leer que "las condiciones generales son absolutamente inadecuadas para el alojamiento de personas.

Los jóvenes se encuentran en celdas oscuras, húmedas, sin ventilación natural ni suficiente". Y se agrega: "Las conexiones eléctricas son absolutamente precarias y peligrosas. Los baños se encuentran deteriorados en la totalidad de las celdas y no tienen separación entre sí".

También se hace referencia al estado de algunos pabellones de la cárcel de Boulogne Sur Mer (construida a principios del siglo XX), donde "se repite lo ya denunciado en diciembre de 2013 y febrero de 2014", cuando se percibía "un fuerte olor a orina y excrementos, la cloaca del patio interno destapada, basura acumulada, agua estancada y podrida. Las paredes externas e internas de algunas celdas se encontraban salpicadas de materia fecal. Todo el pabellón estaba mojado y las paredes y techos daban muestra de haber filtrado el agua de lluvia...."

En relación a las celdas, se indica que una "no posee camastros ni camas y tiene tres colchones en el piso. Otra se encontraba totalmente mojada, sin luz, muy sucia y con un boquete en la pared entre ésta y la continúa, advirtiéndose con preocupación un retroceso en las condiciones de habitabilidad del módulo, particularmente por la presencia de basura, fuertes olores nauseabundos y la cloaca y canales sin tapa".

La diferencia está marcada en el lugar donde se encuentran alojados  los detenidos por delitos de lesa humanidad, cuando se señala: "en general, el lugar presenta buenas condiciones higiénicas en las celdas y en espacios comunes. Las celdas tienen tres camastros de cemento, todos con colchones y frazadas. Cada celda tiene su propio inodoro y espejo, en buenas condiciones. El lugar cuenta con dos cocinas y cinco heladeras, adquiridas por los propios internos. Algunas celdas poseen televisión, bibliotecas y libros".

El informe se cierra con un reclamo que realiza el propio Varela Álvarez: "Cuando comencé este informe hice mención al contexto de Mendoza, quien pese a recibir la atención nacional después del motín del 2000 y la presencia del sistema interamericano de derechos humanos en pleno y de las principales ONG del mundo, hizo caso omiso de todas las advertencias.

Lo que se consignaba en el informe del año 2000, tiene plena vigencia, porque si bien Mendoza aumentó las plazas edilicias de Boulogne Sur Mer a Almafuerte, San Felipe y El Borbollón, reprodujo los mismos patrones que la llevaron lamentablemente al motín del 2000 y a las medidas de urgencia internacionales.

Hacinamiento, encierros prolongados, violencia carcelaria, abusos penitenciarios, ausencia de atención médica y farmacológica, de recreación, cultura, trabajo y esencialmente de educación es la característica de las cárceles de Mendoza".

3.739 internos en 7 complejos

En la actualidad en la provincia hay 3.739 personas privadas de su libertad, 321 de las cuales responden a delitos federales. Unas 1.100 están alojadas en el penal de Almafuerte, el último construido y habilitado, pero cuya capacidad estaba prevista para 900 internos.

El año pasado se realizaron una 4.000 denuncias por violencia institucional y sólo 7 fueron calificadas como torturas.
También hay estadísticas que hablan de que, por ejemplo, en San Felipe, sólo 43 personas (entre grupos de seguridad internos y externos y personal de requisa) están para el cuidado de 885 internos, de los cuales 516 están condenados.

Nuevo penal  en  San Luis

El Complejo Penitenciario Pampa de las Salinas, conocido popularmente como La Botija, debido a que queda a sólo 10 kilómetros del paraje que lleva ese nombre, fue inaugurado este viernes.

Es una cárcel de mediana y máxima seguridad, un ambiente austero, de encierro, con amplias medidas de precaución para evitar fugas, con una notable evolución edilicia y tecnológica respecto de las prisiones tradicionales, según la prensa de esa provincia. Dos días por semana el Gobierno se hará cargo de llevar a las visitas de los detenidos, sábados y domingos.

El monitoreo visual es constante, hay una separación adecuada entre pabellones y de los sectores según su seguridad, sensores de movimiento para detectar cualquier anomalía, cerraduras electromecánicas a distancia y el tradicional sistema de esclusas en todas las puertas (no se abre una hasta que se cierra la anterior), para impedir que cualquier negligencia o error provoque un problema inesperado.

Carlos Varela Álvarez (abogado): "Tratar de evitar las condiciones miserables e inhumanas..."

Las medidas cautelares tienen como fundamento que se respeten los compromisos asumidos en los fueros internacionales hasta su total cumplimiento y evitar de esa manera por un lado las condiciones miserables e inhumanas en que se encuentran hoy las personas privadas de la libertad, como evitar también nuevos hechos de violencia carcelaria e institucional.