De Vido debe dar explicaciones por los buques de gas

El juez Bonadio citó a declaración indagatoria al ex ministro y otros ex funcionarios. Se decidió tras recibir una auditoría de Enarsa. La operación costó U$S 15.000 millones.

El juez federal Claudio Bonadio citó a declaración indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido por irregularidades en las contrataciones de buques con gas natural licuado por los que se llegaron a pagar 15 mil millones de dólares. Bonadio recibió una auditoría sobre la empresa Estatal Enarsa y tomó la decisión. El llamado incluye a otros ex funcionarios K como el ex secretario de Energía Daniel Cameron.

Antes de las PASO, diputados K y sus aliados rechazaron la expulsión de De Vido por inhabilidad moral de la cámara baja. Además, el 27 de setiembre empezará el juicio oral contra De Vido por la tragedia de Once.

El juez no sólo investiga posibles sobreprecios en las contrataciones de buques regasificadores, sino también irregularidades en la contratación de los seguros ambientales y de las agencias marítimas, entre otros puntos.

La convocatoria a declarar como sospechosa complica al actual diputado por el Frente por la Victoria (FpV), que ya tiene tres procesamientos: uno por la Tragedia de Once, otro por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, y otro en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.

El caso de Enarsa es uno de los escándalos que aún no se ventiló en la Justicia. Se trata de la empresa energética estatal que creó el ex presidente Néstor Kirchner en 2004 y estuvo hasta 2013 bajo la órbita de De Vido y su hombre de confianza, Roberto Baratta. Luego pasó a ser controlada por el entonces ministro de Economía Alex Kicillof.

Entre 2003 y 2015, llegaron a la Argentina 530 barcos a un costo de 15.000 millones de dólares que pagó Enarsa, que dirigía Ezequiel Espinosa, otro de los investigados. Espinosa es el mismo funcionario K que en 2007 trajo en un avión alquilado por Enarsa al colombiano Antonini Wilson con una valija con 800 mil dólares que habrían ido a la campaña electoral de Cristina Kirchner.

En la causa se usa como prueba un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que estimó que hubo sobreprecios del 20%. De esta forma, se habrían desviado 3.000 millones de dólares.

Una fuente judicial afirmó que parte de los pagos se hacía a través de un banco privado que tenía una cuenta en un banco de Panamá. Los pagos para la compra de estos buques debían de hacerse en efectivo y antes de que se bajara la escalera de contacto con un puerto argentino.

Los buques entraban al puerto de Escobar o al de Bahía Blanca para inyectar el gas a la red nacional y evitar cortes por la crisis energética que provocó el kirchnerismo.

Fuentes judiciales informaron que esta operatoria comenzó en 2008 con la compra de ocho buques provistos por YPF-Repsol y luego pasó a contratarse a Gas Natural Fenosa de España, British Petroleum, Vittol, Glencore y Morgan & Stanley.

A fines del año pasado, por órdenes del magistrado, personal de la Policía Federal se presentó en al menos cuatro agencias marítimas en Bahía Blanca para requerir información relativa a la compra de cargamentos de GNL entre 2008 y 2013, un negocio que en ese plazo le costó al Estado más de 15 mil millones de dólares.

En 2015 , Los investigadores se llevaron documentación referida a la importación de más de 200 buques metaneros de gas de las agencias Walsh, Dulce, Helénica y Meridian Marítima. Estas empresas se encargaron de contratar servicios y cubrir todo el espectro de trámites administrativos en Aduana y Prefectura.

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