Cristina reclama a Obama por funcionaria ligada a los buitres

La presidenta Cristina Fernández envió ayer una carta a su par de Estados Unidos, Barack Obama, en la que pide que aclare si designó a Nancy Soderberg, como presidenta del Public Interest Declassication Board (PIDB), un organismo bajo responsabilidad directa del Gobierno de los Estados Unidos.

En la carta, de cinco carillas según fue difundida por la Casa Rosada, la Presidenta califica que la designación de Soderberg constituiría un “hecho grave en las relaciones entre nuestros países”.

Según la agencia oficial Télam, Cristina señala que Soderberg es la copresidenta de la American Task Force Argentina (ATFA), la entidad encargada de hacer lobby a favor de los fondos buitre.

ATFA es un organismo que maneja fondos especulativos que litigan contra Argentina en Nueva York y que han ganado un juicio para cobrar el 100% de una deuda por 1.330 millones de dólares.

“La señora Soderberg ha llevado una campaña difamatoria e injuriosa contra el pueblo, las autoridades de mi país y mi persona en particular, en beneficio de un puñado de fondos buitre que pretenden obtener ganancias exorbitantes”, agregó la mandataria.

En este contexto, la Presidenta escribió a Obama diciendo que “sería inadmisible que un cargo 'clave' del gobierno de Estados Unidos, con acceso a información clasificada y vinculaciones directas con el Congreso de EEUU, sea la misma persona que copreside una entidad dedicada a agredir y difamar en los peores términos a una nación soberana que pretende tener relaciones productivas con su país. Por ello, esperamos que todo esto sea una confusión y se trate simple y felizmente de un caso de homónimos”.

La mandataria también utilizó las redes sociales para divulgar el contenido de la carta.

A través de su cuenta Twitter publicó una catarata de mensajes en español y en inglés citando partes textuales de la misiva.

Los vínculos entre Buenos Aires y Washington volvieron a tensarse desde junio pasado cuando Kirchner reclamó a Obama apoyo en defensa de la reestructuración de la deuda, proceso que podría derrumbarse si se mantiene el “default selectivo”.

La respuesta del gobierno norteamericano fue que no está dispuesto a intervenir en un caso que tiene un poder independiente como el judicial, pese que al principio se había presentado a favor de la posición argentina.