Corresponsabilidad: buscan nuevo convenio que promete otra rebaja de aportes

Desde su homologación , el Convenio de Corresponsabilidad Gremial Vitivinícola (CCG) tuvo sucesivas addendas lo que, sumado a deudas por casi $ 170 millones y cuestionamientos varios, abrió la puerta a una nueva versión.

Según quienes están en la cocina, no sólo tendrá una base imponible más amplia (por el reingreso de San Juan como firmante) sino que, mediante nuevas condiciones, productores y bodegas podrán, como al principio, reducir hasta un 50% los aportes actuales y contribuciones a través de la tarifa sustitutiva que concentra jubilación, salud y asignaciones familiares.

Según los cálculos de Sergio Villanueva, gerente de la UVA, eso garantizaría un “ahorro” inicial de $ 35 millones como mínimo por el solo hecho de retomar la escala inicial de obligaciones a liquidar a AFIP en concepto de blanqueo laboral. Esto es, 0% el primer año, 25%, 50% y 75% en los sucesivos, hasta llegar a tarifa plena, como incentivos avalados por la ley.

Hasta el momento, entre modificaciones en cuanto a su alcance y la incorporación de distintas provincias, el actual CCG acumula al menos 5 addendas, a una media de una por año. De ahí que el reclamo se enfoca en actualizar el original, aunque técnicamente será un “nuevo” convenio y, por lo tanto, nuevos beneficios.

Entre otras, la incorporación de varias provincias (Neuquén, Río Negro, Catamarca), la salida de otras que vuelven, como San Juan, e incluso diferimientos en el pago por crisis económicas.

“Hubo muchas rectificativas buscando que cada vez funcione mejor y evitar picardías. Ahora esperamos una resolución conjunta de la Subsecretaría de Trabajo y AFIP para la firma de un texto ordenado y único”, explicó Eduardo Senra, del área laboral de la Unión Vitivinícola.

Por su parte, Walter Pavón, de Bodegas de Argentina, remarcó que “siempre el espíritu es que el que esté fuera del sistema empiece a aportar. Como contrapartida, si prospera, una escala nueva sería una ventaja. Al contemplar otras formas de operar, se tomaría como algo superador a lo actual, para profundizar el enfoque de la registración, tal como creemos que lo ve el Gobierno nacional en busca de asegurar cumplimiento”.

Nuevas condiciones

Los ejes del futuro CCG son:

1- Captar aportes de Renaf: actualmente, el Registro de Agricultura Familiar tiene 6 mil inscriptos sobre los que recae presunción de evadir el CCG, aunque muchos, en el afán de no pagar tarifa sustitutiva, terminan obligados por Régimen General.

 La novedad: un límite de 500 quintales/hectárea para ser considerado un emprendimiento familiar y por tanto pertenecer al Renaf. Esto parte de la presunción de que con un rendimiento superior se necesitan cosechadores. Aunque Foeva pretendía un umbral de 100 qt para no resignar tantas cápitas, todo indica que volverían al ruedo 3.000 productores.

 2- Compra de uva a terceros: otro tema que explica la erosión de la base imponible argumentada por la industria, al excluir a potenciales sujetos obligados (hasta ahora sólo abarca a quienes elaboran su uva, los que lo hacen a maquila o los que venden la materia prima). Ahora todos los que comercialicen materia prima estarán alcanzados sin excepción. Si el fin es la vinificación, también cabrá inmovilizar volúmenes.

 3- Evitar deuda de años: impuesta por Seguridad Social y AFIP, renuentes a que se engrose el pasivo y a dar más moratoria para regularizarlo. Una vez aprobado, el corte para saldar las 5 cuotas anuales operará el 15 de diciembre, generándose deuda el 1 de enero; de no cancelarse, AFIP intimará cancelación a mayo siguiente.

Quitar la denuncia, un requisito

Además de la resolución final, activarlo requiere que Soeva "levante" la denuncia presentada en junio en busca de regularizar una deuda de $ 32 millones en 2016, de los cuales sólo se pagaron 6 .

"La paritaria de viña terminó homologándose hace tres semanas porque ya se vencía la primera de las 5 cuotas de la tarifa sustitutiva que fija la Corresponsabilidad. Como sea, se tiene que regularizar eso, porque la moratoria de AFIP no ha ayudado a que todos se pongan al día ", analizó Luis Pedernera, secretario gremial de Soeva Mendoza, que cuenta con otros $ 38 millones conforme venzan las 5 cuotas por el 20% del total, de agosto y diciembre de este año.

Al respecto, Walter Pavón, de Bodegas de Argentina, lo aborda desde una perspectiva más general, al afirmar que "siempre que el Convenio funcione mejor en cuanto a la recaudación y los tiempos, además de que sea más ágil el ingreso de los fondos al subsistema de AFIP y se distribuyan, todos lo verán con buenos ojos".

Actualmente, según el INV, de $ 168,7 millones, a través de una moratoria autorizada por AFIP ya se regularizaron poco más de $ 137,9 millones, con una escala descendente en cantidad de pagadores, de .8860 (primera cuota) hasta 8.594 en la última. Hasta agosto, había pagado menos del 69% de los registrados.

Más allá de la postura del sector, el pedido puede convertirse en variable de negociación entre partes con intereses cruzados: así como el de la industria por relanzar el Convenio de Corresponsabilidad, el gremio intentará obtener el pretendido plus.

Reabrir paritarias y un pago fijo, la otra variable de negociación

La demora en la homologación de los convenios salariales de 2017 para trabajadores de viña y bodega y el ritmo inflacionario que, pese a desacelerarse, se mantiene sobre el 1,5% mensual encaminándose al 24% en el año son, para Foeva (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas), suficientes argumentos para volver a la carga y pedir la reapertura de paritarias salariales.

Una pretensión que ya pone en guardia a la industria, contraponiéndole la suba de costos y el delicado equilibrio que atraviesa un consumo golpeado por la suba de precios.

 Algo está claro: la rediscusión no implica ajustar el porcentaje acordado (casi 28%), sino una suma fija de hasta $ 2.000 por trabajador. Lo admitió el secretario gremial del sindicato, Luis Pedernera, tras un plenario que avaló el pedido, al hablar de la necesidad de un "envión".

“Pedimos una suma fija en noviembre frente a una inflación que hace rato dejó atrás el 17% pretendido por el Gobierno y se acerca de a poco al 30%. Se necesita un envión para llegar a enero o febrero de 2018”, adelantó.

En Foeva asumen un consenso sin fisuras, por lo que está todo dado para hacer el pedido de rigor al Ministerio de Trabajo antes de que termine setiembre. También se valen de algunos casos aislados de bodegas exportadoras que abonaron, según el caso, hasta $ 2.500.

Sin embargo, los paritarios del sector empresario se atajan. Sin rechazarlo explícitamente, Eduardo Senra, de la UVA, remarcó la "disposición a escuchar si nos convocan" antes de advertir que “los valores inflacionarios están dentro de lo barajado en una paritaria anual del 28%, aunque para el bolsillo, en la situación actual, parezca insuficiente. Es un planteo prematuro a 3 meses del último acuerdo y a poco de homologarse”.

Por su parte, y luego de reconocer que las firmas más pudientes ya sentaron precedente, Pavón, de Bodegas de Argentina, señaló que "tal como pasó otros años, lo recepcionaremos y se trasladará para ser analizado. Si hay consenso tal vez se pueda pensar en una propuesta de aplicación general; de lo contrario, quedará a criterio particular".

Como era esperable, las Cámaras encienden una luz de alarma acerca del probable desequilibrio en la relación costos-precios. “Va a influir, es una realidad eterna en tanto la inflación no llegue a un dígito”, argumentan, sin negar la chance de acuerdos “a medida”.

“Exigir pago no remunerativo a todos por igual es difícil porque no todas las bodegas están en la misma situación, y lo que dispongan depende de sus posibilidades”, acotó Senra.