Condenan a 8 años de prisión a Fujimori por desviar fondos públicos para sobornar a dueños de diarios

El ex presidente de Perú ya cumple una pena de 25 años de reclusión por delitos de lesa humanidad desde 2009.

La justicia de Perú condenó a ocho años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori por haber utilizado fondos públicos para sobornar a un grupo de diarios y ratificó la sentencia, que el ex mandatario ya cumple, a 25 años de reclusión por delitos de lesa humanidad, dispuesta en 2009.

La nueva pena fue decidida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, que también obligó a Fujimori a pagar, junto a los demás condenados por el caso, tres millones de soles (unos 989.000 dólares) en concepto de reparación civil. Fujimori fue hallado culpable de haber desviado fondos públicos en 2000, último año de su gobierno, para que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) sobornara a un grupo de "diarios chicha" -así se llama en Perú a la prensa sensacionalista- con el objeto de que ponderara su gestión y desprestigiara a figuras opositoras.

No obstante, la sentencia no modifica la situación carcelaria del ex presidente, quien ya viene cumpliendo una pena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, pues en Perú las condenas a prisión no se acumulan sino que se cumple la más extensa. La validez de esa condena fue ratificada por el Tribunal Constitucional en una resolución publicada ayer -aunque fue adoptada el 14 de octubre pasado- que rechazó un recurso presentado por la defensa de Fujimori y le denegó además la posibilidad de cumplir la pena de prisión en su domicilio.

Fujimori, de 75 años, cumple en una dependencia de la Policía Nacional, en Lima, su condena a 25 años de prisión como autor mediato de dos masacres cometidas por un grupo paramilitar, así como del secuestro de un empresario y un periodista.

Paralelamente, fue condenado a seis años de cárcel por el allanamiento ilegal de la casa de la esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos; a siete años y medio por haberle pagado a Montesinos una "compensación por tiempo de servicios" multimillonaria e ilegal, y a seis años por otros tres hechos de corrupción.

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