Caso Maldonado: el juez no se aparta y toma declaración a más gendarmes

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, decidió ayer continuar con la investigación de la causa sobre Santiago Maldonado al rechazar la recusación en su contra que había presentado la familia del joven artesano desaparecido hace hoy 46 días por lo que ahora será la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la que tendrá que resolver si el magistrado sigue o no.

El juez, en tanto, quedó ayer en el centro de una inesperada controversia interna relacionada con su comportamiento en la investigación del caso Maldonado entre dos secretarios del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich: el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas de esa cartera, Gonzalo Cané, defendió su actuación en la causa, mientras que el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, lo criticó.

“El Gobierno no tiene ninguna influencia sobre un juez (Otranto) que ha demostrado ser absolutamente independiente”, dijo el primero al portal La Izquierda Diario. Cané es el virtual enlace gubernamental con el juzgado federal de Esquel, donde está instalado desde hace días.

Burzaco, en cambio, acusó a Otranto de "haber entorpecido" la investigación al negarse dos veces a autorizar allanamientos en el territorio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen próximo a la ruta 40, donde el 1 de agosto pasado la Gendarmería Nacional reprimió un corte y donde según testigos fue visto Maldonado por última vez.

“En dos oportunidades, cuando se quiso ingresar al predio, ellos adujeron que era un predio sagrado. El juez federal, a mi impresión equivocadamente, optó por no hacerlo. Todo esto entorpeció la investigación y dificultó la misma”, dijo Burzaco  en su disertación en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef).

En su rechazo al apartamiento que anteayer había pedido la familia de Maldonado a través de su abogada ante lo que consideraban una investigación parcial e ineficiente y su reemplazo por un “magistrado imparcial y eficiente”, el juez Otranto respondió que “el temor de parcialidad parte de que -a su modo de ver- la investigación debería alcanzar también a los hechos que dieron origen al accionar de Gendarmería Nacional que finalizó -en palabras de la querella- con la desaparición de Santiago Maldonado”. Otranto fue quien autorizó a la  Gendarmería desalojar el corte de la ruta 40.

Según Otranto, la querella considera que "el análisis sobre la legitimidad de la orden impartida, y sobre el control que se debió realizar en su cumplimiento, no puede ser llevado adelante por el mismo juez que la impartió.

Recalcó que “el querellante confunde el objeto procesal de esta investigación, que está pura y exclusivamente encaminada a establecer si Santiago Maldonado ha sido víctima del delito de desaparición forzada de personas” y sostuvo que la decisión “de convocar a los efectivos de Gendarmería en condición de testigos no permite suponer que tenga una posición predeterminada sobre la responsabilidad de esa fuerza en el hecho”.

Ayer Otranto les tomó declaración testimonial a otros cuatro gendarmes, sin que surgieran datos relevantes para la investigación, en tanto que hoy hará lo mismo con el gendarme Nery Robledo, quien en el sumario interno de la fuerza aseguró haber arrojado una piedra a un manifestante de la comunidad mapuche el 1 de agosto.

Mientras, a nivel político, los diputados y senadores de Cambiemos que integran la comisión bicameral permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público hicieron un pedido de informes a la procuradora, Alejandra Gils Carbó, sobre su actuación en la causa para “apoyar la investigación”.