Caso Luciana Rodríguez: suspensión sin goce de sueldo para tres funcionarios de la Dinaf

Fueron investigados administrativamente por el Gobierno. Los agentes fueron sancionados por no cumplir con normas que protegen a los niños.

Tras una investigación administrativa que recorrió varias etapas, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia decidió suspender entre 20 y 25 días sin goce de haberes a tres de los cuatro funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) que quedaron en la mira tras el resonante caso de Luciana Rodríguez, la niña de tres años que murió golpeada por sus padres en enero de 2014.

El crimen causó conmoción en la población y tuvo gran repercusión mediática. De hecho, hace pocas semanas, la mamá y el padrastro de la pequeña fueron enjuiciados por la violencia física que ejercieron sobre la niña y fueron condenados a prisión perpetua.

La resolución 758, que lleva la firma del titular de la cartera de Desarrollo, Cristian Bassin, salió publicada ayer en el Boletín Oficial. Allí se sanciona al operador del Órgano Administrativo Local (OAL), de la Dinaf, Rafael Vizcarra, con 25 días de suspensión, a las agentes Gianina Consina Martínez y Fabiana Lucentini, con 20 días de suspensión. Mientras que Fernando Herrera, ex director de Protección de Derechos de la Dinaf, no fue sancionado debido a que renunció a su cargo poco después de iniciado el proceso administrativo.

Los investigadores del Gobierno determinaron así que los sumariados tuvieron responsabilidad en el hecho por no hacer cumplir las disposiciones que establecen la protección de los derechos de los niños.

Golpes y muerte

La madre de la pequeña Luciana Rodríguez (3) y su ex pareja fueron condenados a prisión perpetua el 29 de septiembre al ser hallados culpables de causar la muerte de la niña en 2014. La Séptima Cámara del Crimen le dio la pena máxima a Rita Evelin Rodríguez y Jorge Orellano.

Tras un extenso debate para llegar al veredicto, que duró horas, el tribunal entendió que ambos imputados merecían la pena máxima por los delitos de homicidio agravado por ensañamiento para Orellano y homicidio agravado por el vínculo y por omisión para la madre de la nena asesinada a golpes.

El crimen de Luciana ocurrió el 7 de enero del año pasado. Ese día, Orellano salió de la casa en la que vivía, en Entre Ríos al 300 de Ciudad, y se dirigió a la clínica Santa María, ubicada a una cuadra. En sus brazos llevaba a Luciana, a quien abandonó en un consultorio. Allí, los médicos descubrieron que la niña estaba muerta por lo que avisaron a la Policía.

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