Casi 5.000 sociedades comerciales no presentan balances desde 2010

El universo de sociedades comerciales de Mendoza creció casi el 70% en los últimos tres años. El dato es positivo pero, como muchos fenómenos de la economía argentina, conlleva algunas particularidades: de las 35.000 sociedades registradas, en gran medida SA y SRL, un 15% adeuda la presentación de sus balances financieros al menos desde 2010.

Así está asentado en la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, que por esa razón prorrogó un plan de regularización de los últimos 5 ejercicios anuales, puesto en marcha en abril, hasta fines de octubre. Si bien los resultados finales aún se desconocen, en el último mes sólo se “pusieron al día” aproximadamente 300 sociedades, lo que demuestra que queda mucho para llegar a las más de 5.000 en falta, que en su mayoría son SA o SRL.

“Hay balances pendientes desde 2005 inclusive. Muchos casos tienen que ver con la marcha de la economía y hasta con el asesoramiento contable que reciben, porque algunas sociedades constituidas no siguieron trabajando y otras se registraron como SA cuando, por sus características, no corresponde”, señaló la titular de la DPJ, Cecilia Da Dalt, antes de destacar que, sin embargo, el porcentaje de irregularidades se redujo desde 2012.

Sumarios y multas

Cada balance presentado en tiempo y forma tiene un costo de $ 592 y quienes adhieren al plan de regularización, coordinado con ATM (Administración Tributaria Mendoza) pagan una tasa única de $ 3.000. De no hacerlo antes del 30 de octubre, se exponen a un sumario, previa intimación y emplazamiento por 10 días, y a multas que arrancan en un monto similar pero se multiplican varias veces según el tamaño de la empresa en cuestión y la magnitud de la falta.

Pero las acciones no terminan ahí. Según explicó Da Dalt, “las sanciones más gravosas pueden llegar hasta la quita de autorización para que la sociedad siga funcionando. Incluso cuando la deuda es muy abultada y existe riesgo de liquidación de bienes, se da intervención a Fiscalía de Estado para que resuelva judicialmente, por considerar que afecta los bienes de la Provincia”.

Más allá de resultados concretos y beneficios, los contadores por ahora respiran algo más aliviados con el nuevo plazo que otorga el plan. Sobre todo con sus clientes cuya morosidad obliga a actualizar números de años atrás.

Para Eduardo Marroquín, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que concentra los trámites de sus miembros para presentarlos ante la DPJ, “saber que hay un mes más por delante ayuda a descomprimir la tarea de los profesionales, que estaban muy agobiados con la tarea diaria que conlleva la contabilidad de las empresas”.

Respecto a las causas por las que tantas sociedades comerciales acumulan tantos balances sin presentar al organismo que las controla, de acuerdo a Marroquín tiene que ver con el día a día.

“Por las constantes obligaciones impositivas muchas empresas no lo consideran tan importante. Pero es una cuestión de orden necesaria estar al día con la presentación de los balances y eso se le recomienda a los clientes”, aseguró el directivo del CPCE.

En cierto modo, los empresarios coinciden, pero hacen hincapié en lo asfixiante de la presión tributaria y la baja actividad en algunos rubros. Así al menos lo ve Daniel Ariosto, titular de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), que ya encaró un estudio de la situación comercial y productiva de sus asociados, con enfoque fiscal.

Dificultades atendibles

“Hay una cascada de impuestos que recae sobre la economía formal. Existe una diversidad de factores sobre el por qué las empresas, por situaciones ajenas y razones comerciales, no pudieron cerrar sus balances, que son negativos por la difícil coyuntura, sin desconocer que en algunos casos pueda haber cierta picardía. Lo cierto es que el tema de los balances es un índice más de lo difícil de  mantenerse en actividad”, argumentó Ariosto, también presidente de ProMendoza.

Por lo pronto, el grupo de Cámaras que representan al sector industrial se reunió sobre el fin de semana pasado para analizar qué hacer. Y según adelantó el dirigente gremial empresario, presentarán un diagnóstico al gobernador “porque así no se puede seguir”.

En números

47.000 expedientes de inscripción registra la DPJ. En su mayoría son sociedades comerciales, contratos, martilleros, sociedades civiles y fundaciones.
20.000 sociedades comerciales estaban activas en 2012.
65% registraba irregularidades, sobretodo por no presentar balances.
35.000 sociedades figuran  registradas en Personas Jurídicas.
80% son sociedades anónimas  (SA) o de responsabilidad limitada (SRL).
15% mantienen mora en la presentación de ejercicios anuales.
300 regularizaron su situación durante el mes de setiembre.
$ 3.000 es la multa mínima por incumplir, vía intimación.