Avanza ley de ética pública con denuncia de trampa

Es irónico que los legisladores hagan trampa para tratar un proyecto de ley justamente de ética pública. Es tan irónico que hasta parece una puesta en escena para terminar cajoneando una idea que siempre generó resistencias en la clase política y que viene cajoneada desde el año pasado.

La iniciativa, por la que todos los funcionarios del Estado deberán presentar sus declaraciones juradas de bienes, tuvo media sanción del Senado, pero con denuncias cruzadas entre el oficialismo y la oposición. La pelea hace que la aprobación en Diputados sea incierta, justamente porque se cierran los canales de diálogo que permitan el tratamiento armónico.

¿De qué se acusan? En el proyecto se crea una oficina que será la encargada de recibir las declaraciones juradas de los funcionarios. Esa dependencia estará a cargo de un auditor que será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

El radicalismo jura que nunca aceptó una mayoría especial de la Cámara alta para ese nombramiento; el peronismo dice que habían acordado que hacían falta dos tercios de los votos para nombrar a ese auditor.

El proyecto no es fácil de digerir para la clase política. Se exige la presentación de la declaración jurada de bienes para funcionarios de los tres poderes del Estado, incluidos entes descentralizados y autárquicos ante un organismo que dependerá del Poder Legislativo; cabe recordar que hoy existe un régimen por decreto que alcanza sólo a los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Judicial se creó su propio sistema.

También deberán hacerlo intendentes y concejales, funcionarios municipales, los encargados de licitaciones públicas y quienes administren bienes en todos los niveles y dependencias del Estado, los miembros del Tribunal de Cuentas, los jefes policiales y penitenciarios.

Deben declarar bienes muebles e inmuebles, todo tipo de ingresos, inversiones, joyas, obras de arte, participación en sociedades, cuentas bancarias, tenencias de dinero efectivo en cualquier moneda, deudas, antecedentes laborales. Además, se establecen sanciones para quienes no cumplan con la presentación de la declaración jurada.

El texto además define incompatibilidades y conflictos de intereses, incluida la prohibición de nombrar parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercero de afinidad; la obligación de declarar otras actividades, así como también regula la recepción de obsequios.

La sesión se desarrollaba con excesiva corrección. Son los detalles casi imperceptibles los que desatan los malos pensamientos. Un hecho extraño fue que empleados del bloque justicialista repartieran entre la prensa el texto de un proyecto de ley que fue impulsado por la UCR.

Las posteriores acusaciones entre Cambiemos y el Frente para la Victoria se refieren a una supuesta trampa para cambiar la redacción de un texto que había sido acordado y eso fue lo que se distribuyó en la previa.

Parece estúpido que el oficialismo acepte en negociación algo que le incomoda, cuando ha impuesto por la aplastante razón de los votos todo lo que quiere. Parece infantil que la oposición se aferre a un texto supuestamente apócrifo cuando ya ha perdido y aceptado otras votaciones.

El proyecto fue votado en general casi por unanimidad, 33 votos afirmativos y sólo dos del FIT en contra. Cuando se llegó a la votación artículo por artículo, apareció la discrepancia acerca de las mayorías necesarias para ratificar al auditor. Entonces el peronismo se fue del recinto y dejó solo al radicalismo votando el resto, con su mayoría.

Dos preguntas surgen y no tienen respuesta: la primera es qué diputado peronista se sentará a votar un proyecto en el que supuestamente se hizo trampa. La segunda es qué radical empujará una iniciativa que crispa las relaciones con la oposición. En el horizonte aparece el cajoneo como solución.

Un debate demorado dos décadas

Se trata de una ley incómoda y lo demuestra el tiempo que llevó poner en debate un texto en el recinto. Argentina ratificó por ley la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1997, tratado internacional en el que se estable que todos los países firmantes de esa convención están obligados a dictar leyes de ética pública; dos años después el Congreso nacional sancionó una ley.

Pero Mendoza viene en falta desde ese entonces, cajoneando expedientes presentados por legisladores aisladamente y un decreto del ex gobernador Francisco Pérez, de alcance limitado.

No sólo las declaraciones juradas de bienes son incómodas porque prueban un nivel de vida a veces difícil de explicar; también está la prohibición de contratar parientes en el Estado, una práctica que no pasa de moda.

También es toda una novedad la idea de incluir al Poder Judicial, que buscó evitarla sacando su propio sistema de declaración de bienes con difusión parcial.

El tratamiento de esta ley tuvo varias objeciones; una de ellas vinculada al organismo que sería el “órgano de aplicación”. El PJ pretendía que fuera la Fiscalía de Estado, que es conducida por el peronista Fernando Simón; el radicalismo pretendía limar el poder de Simón sacando de su dominio a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

La solución de consenso fue crear en la Legislatura la Oficina de Investigaciones Administrativas, conducida por un auditor designado por el Poder Ejecutivo con ratificación del Senado. Justo el punto que desató la pelea.