Avanza el proyecto para que Mendoza tenga su Ley de Educación

Ocho años pasaron desde que Argentina reformuló su sistema educativo de manera estructural y lo ajustó a una realidad distinta a la que se vivía en los ‘90. Con la aprobación de la Ley de Educación Nacional (Nº 26.206) en el Congreso, el país inició un proceso de cambios en la enseñanza que debía replicarse en todas las provincias.

Si bien en lo concreto Mendoza se mantuvo actualizada al aplicar modificaciones radicales, aún necesita actualizarse en materia legislativa.

Ayer, el postergado proyecto de ley que sienta las bases de la educación  futura de los mendocinos tuvo un avance, luego de que la Comisión Bicameral de Educación (integrada por representantes de los diferentes bloques) presentara una propuesta modificada, que podría ser tratada el próximo miércoles en la Cámara de Diputados.

El despacho para pautar un tratamiento a corto plazo fue aprobado por las comisiones de Hacienda, Cultura y Educación. Sin embargo, según detalló el diputado radical Tadeo García Zalazar, aún es necesario que se reúnan los presidentes de los diferentes bloques para establecer un calendario conjunto para discutir la norma tentativa.

La diputada Lorena Saponara (PJ-FPV) preside la comisión educativa. Señaló que uno de los puntos clave al momento de modificar el borrador que había sido remitido en setiembre pasado desde la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Senado, fue haber sumado a la propuesta de ley las inquietudes que habían sido planteadas por diferentes sectores ligados a la educación.

El mes pasado, por ejemplo, la consulta a docentes se efectuó en el marco de las Jornadas Institucionales.

Más presupuesto

Una necesidad urgente que fue planteada tiempo atrás por los trabajadores de la educación es la ampliación del presupuesto provincial destinado a garantizar una educación de calidad.

Por eso, en el actual proyecto que deberá ser sometido a debate, se establece que el dinero utilizado para el financiamiento de esta área sea del 8% del Producto Bruto Geográfico (PBG) o bien, del 35% del presupuesto anual provincial.

De esa última porción, los legisladores propusieron destinar la mitad  a  equipamiento e infraestructura escolar y a capacitación docente. Vale decir que en la actualidad, los porcentajes que se derivan a Educación son de 6 y 27% respectivamente.

Evaluación permanente

Desde el punto de vista metodológico, el documento que deberá ser consensuado establece dos puntos relevantes. El primero consiste en que a futuro, el seguimiento y la evaluación del sistema educativo en su conjunto estará en manos íntegramente del Poder Ejecutivo y ya no dependerá exclusivamente de la Dirección General de Escuelas (DGE).

El segundo aspecto en ese sentido tiene que ver con la conformación de un Consejo Educativo que cumplirá la función de complementar la tarea evaluativa. En el caso de obtener el visto bueno a futuro, este órgano de ‘contralor’ estaría compuesto por integrantes de gremios, educadores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de universidades, entre otros.

'Refinar' la enseñanza

Según Saponara, los aportes efectuados por parte de integrantes de organizaciones civiles, gremios (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación y  el Sindicato Argentino de Docentes privados) e integrantes de la comunidad educativa durante la etapa consultiva que fueron incluidos en el actual proyecto, no sólo implican esta actualización en materia de financiamiento.

Es que aunque el proyecto en materia de enseñanza no estipula modificaciones radicales en relación con las que ya viene aplicando la provincia, sí se establecen propuestas concretas.

En el nivel primario, un cambio que se propone es incluir en todas las escuelas de este nivel un gabinete psicopedagógico, un servicio que en la actualidad se brinda sólo en la secundaria.

Las escuelas albergues, por su parte, estarán por primera vez contempladas en una normativa. Así, estas instituciones quedarán diferenciadas de las rurales, ya que brindan un servicio educativo específico, con una metodología distinta, debido a que los niños y adolescentes de zonas muy alejadas suelen quedarse en estas escuelas por días. “Era un pedido histórico por parte de los docentes”, aclaró la diputada.

En lo que concierne a contenidos, el proyecto mejorado establece que en todos los niveles de la enseñanza el cuidado del medio ambiente, con especial foco en el cuidado del agua, debe ser incorporado en las materias de manera transversal. Asimismo, a las clases de teatro y plástica se agregará danza, mientras que en las escuelas de educación especial se buscará incorporar el lenguaje de señas.

Otra modificación que será sometida a debate en el recinto legislativo será la inclusión, en el sistema, de las escuelas “de gestión social” y las de “gestión cooperativa”.

Un ejemplo de esta modalidad son los actuales los actuales SEOS (Servicio Educativo de Origen Social), que brindan apoyo a los niños de los sectores más vulnerables. Estas denominaciones se ubicarán en el mismo rango que las escuelas catalogadas públicas, de gestión estatal y privada.