Artesanos vuelven a la carga por la ex Terminal de San Rafael

La agrupación Hacemos Cultura presentó un amparo para que el edificio, hoy sólo utilizado en un sector por Defensa Civil, sea destinado a un espacio público de exposiciones artísticas. Con este pedido a Fiscalía de Estado se renueva la polémica nacida en

Artesanos vuelven a la carga por la ex Terminal de San Rafael
Artesanos vuelven a la carga por la ex Terminal de San Rafael

Un recurso de amparo pidiendo que se dicte la medida de “no innovar” en cuanto al edificio y predio de la vieja Terminal de Ómnibus de San Rafael fue presentado esta semana en la Fiscalía de Estado por integrantes de la agrupación Hacemos Cultura.

Cabe recordar que desde fines de 2011, cuando se trasladaron las oficinas de las empresas de colectivos y comenzó a funcionar la nueva Terminal, el destino del antiguo predio comenzó a ser objeto de forcejeos por parte de los hacedores culturales y el gobierno municipal.

Los artistas lo reclaman como patrimonio de todos los sanrafaelinos para que funcione allí un centro cultural público, mientras que desde la comuna no se decidió aún el destino del mismo, aunque el Concejo Deliberante aprobó un decreto que establece que previamente hay que hacer un concurso de ideas.

Más allá de las idas y venidas, el resultado está a la vista de todos los que transitan a diario por las calles Godoy Cruz, Coronel Suárez y Avellaneda, a pocos metros del Kilómetro Cero.

Allí se encuentran con un edificio casi vacío, cerrado con vallas, utilizado como base de Defensa Civil y en parte como playa de estacionamiento, que durante la noche se transforma según los vecinos en un “pozo infranqueable”, que esconde peligros e inseguridades.

“Para nosotros este lugar así representa un peligro, no sabemos si se esconden delincuentes o no, pero da miedo hasta pasar por la vereda de enfrente”, contó Antonio, que vive en los alrededores.

Como él, Liliana expresó que siente temor que algún día pase algo porque ven gente meterse allí y desconocen qué es lo que hacen. “Antes había mucho movimiento con los colectivos y uno se quejaba del ruido o el humo, pero ahora uno se siente inseguro”.

El reclamo se repite en especial en los comerciantes de la zona, ya que la mayoría sufrió algún hecho delictivo. “Entraron en la madrugada, parece que nadie vio nada”, comentó el propietario de un local.

"Intencionalidad política"
Desde hace tres años la agrupación Hacemos Cultura -integrada por artistas plásticos, músicos y actores- reclama el espacio y hasta propuso un proyecto a realizar.

Por su parte, el Concejo Deliberante aprobó el decreto 4.631 por el cual se establece la obligatoriedad de un llamado a concurso de oposición de ideas y proyectos, previos a cualquier ejecución. Y desde el Ejecutivo comunal aseguraron que no hay novedades ni definición al respecto porque tampoco están los fondos para ello.

El presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, Mauricio Sat, expresó que ante la existencia de un decreto se van a seguir los pasos que corresponden, como el llamado a concurso de ideas previo a la concreción de cualquier proyecto.

Más allá de eso, Sat señaló a Los Andes que “esto pasa a ser una cuestión más política que otra cosa. Vamos a bregar porque se haga en la Terminal lo que los sanrafaelinos quieran”.

La presentación realizada en la Fiscalía de Estado por una de las integrantes de Hacemos Cultura, Estela Catalán, solicita la urgente intervención de ese órgano y de las medidas judiciales necesarias a fin de resguardar el debido proceso administrativo y no provocar daños irreparables al patrimonio municipal.

Basan este pedido en el Derecho Comunitario del que gozan los vecinos, previsto en la constitución de la provincia en sus artículos 177 y 203.

El 177 señala la participación necesaria de la Fiscalía de Estado de la Provincia en todas aquellas cuestiones donde estén comprometidos los intereses patrimoniales, provinciales y municipales, tanto del dominio público como del dominio privado; mientras que el 203 habla de la responsabilidad de los concejos deliberantes, sus miembros y los municipios de responder ante los tribunales ordinarios por sus omisiones y sus transgresiones a la Constitución y las leyes.

Como parte de la documentación que se llevó a la Fiscalía de Estado se presentó la ordenanza 9.375 de diciembre de 2008, que define los bienes patrimoniales municipales deben considerarse patrimonio departamental; y también la 7.323, sancionada el 15 de agosto de 2003, donde el Concejo Deliberante adhiere a las leyes provinciales de patrimonio cultural Nº 6031 y su modificatoria 6.133.

También se adjuntaron más de 100 firmas como testimonio de la presentación, con nombre, apellido, domicilio y DNI.

“No tenemos intencionalidad política”, destacó Catalán.

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