Ante la caída en el ingreso de la población

Un estudio realizado por la Universidad Católica Argentina permitió determinar que cuatro de cada diez hogares en la Argentina considera que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades de consumo. Un aspecto preocupante porque se trata de un ítem

A lo largo de su década de gestión, el kirchnerismo se ha esmerado en impulsar criterios o afirmaciones que tienen como único objetivo mostrar una realidad que no es tal. Insistió con números mentirosos del Indec hasta que, bajo la presión internacional, modificó las mediciones y aún así no se condicen con lo que la gente observa día tras día, cada vez que va a hacer alguna compra; dijo que no había inseguridad y que sólo había sensación de la misma, hasta que debió reconocer que el problema es grave y hasta dejó de medir la indigencia y la pobreza luego de los cuestionamientos y de los valores de la canasta básica, que en palabras más sencillas sería algo así como intentar esconder la tierra debajo de la alfombra.

Sin embargo, y ante los estudios realizados por organismos privados, la reacción del Gobierno es inmediata, saliendo a enfrentar y a descalificar a quienes las realizan y hasta imponiendo algún tipo de sanciones para quienes se animan a contradecir las cifras oficiales. De todos modos, más allá de lo que se imponga a nivel oficial, no quedan dudas de que la gente le cree más a los estudios no oficiales, como sucede, por ejemplo, con los porcentajes de inflación dados a conocer mensualmente desde las consultoras privadas.

Dentro de ese esquema, no dejan de llamar la atención los números dados a conocer por un estudio del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, en el que se indica que 4 de cada 10 hogares argentinos consideran que sus ingresos no les alcanzan para cubrir las necesidades de consumo.

Señala que la insuficiencia de ingresos evolucionó desfavorablemente entre 2010 y 2013, ya que pasó de 33,4 a 39,2 por ciento, y que quienes evidenciaron un mayor empeoramiento de su situación fueron los sectores más desfavorecidos de la sociedad, especialmente aquellos hogares ubicados en villas y asentamientos precarios. En el resto del espectro social, el informe indica que se redujo la capacidad de ahorro de las familias y de la gente.

La reducción de las horas trabajadas y las suspensiones que se han producido en algunas empresas, como consecuencia de la caída de la demanda, han influido también negativamente, razón por la cual se ha incrementado la percepción subjetiva negativa sobre la evolución de los ingresos, aun a pesar de que se ha ampliado la cantidad de gente asistida a través de planes sociales en los últimos cuatro años; lo que no hace más que ratificar que, de no haberse producido ese aumento, la población vulnerable sería aún más importante.

A modo de conclusión, el informe de la UCA expresa que la pobreza estructural, medida por la privación de las familias y de los alimentos básicos, se mantuvo en doce por ciento de los hogares, mientras que entre las familias de escasos ingresos la “inseguridad alimentaria” alcanza hasta treinta por ciento de los hogares.

Frente a la contundencia de las cifras, resultan incomprensibles y hasta enervantes algunas declaraciones de la propia Presidenta de la Nación, como cuando afirmó días atrás que lo que más impacta son las expectativas malas que se generan a través de pronósticos, de gurúes, de profecías, de que todo va a ir mal y que la gente, ante ese temor, retrae el consumo de bienes durables.

Será difícil o imposible que se cumpla, pero qué bien le vendría a la Argentina un baño de humildad y de reconocimiento de los errores por parte de quienes conducen los destinos del país. Si ello se produce ganaríamos todos, especialmente los más desprotegidos. Alguien debería advertirle a los funcionarios que la ira (llámese reacción indebida ante algunas situaciones) y la soberbia están incluidas dentro de los siete pecados capitales.

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