Aguas mendocinas poco claras

Desde que el Gobernador Celso Jaque propusiera adquirir una mayor participación en aquella empresa, en esta columna hemos sostenido que el camino era equivocado, que no iba a resolver los graves problemas que afectaban la prestación de un servicio vital para la población. Eso es lo que está a la vista, sólo que la población está pagando una tarifa incrementada alrededor, en algunos casos, en más del 200% desde entonces.

Dijimos desde el comienzo que el problema central había sido el congelamiento de las tarifas, luego de la devaluación de 2002. La falta de inversiones que debía realizar la concesionaria era explicable; los recursos para invertir estaban previstos en el régimen tarifario. Tan evidente es esta situación que desde el mismo momento de la intervención comenzaron los aumentos porque sin ellos la empresa no podía funcionar.

Al momento de la estatización advertíamos que un asunto clave existente era la no implementación de la denominada tarifa medida o volumétrica. Esto es que los consumidores paguen por el consumo real de agua y no por un presunto. Esta tarifa estaba prevista en la ley de concesión, o de privatización como se la llamó incorrectamente. Durante el gobierno de Arturo Lafalla el proyecto se envió a la Legislatura que nunca lo trató, subsistiendo así una tarifa que es manifiestamente inequitativa y que incentiva el exceso de consumo en lugar del ahorro de agua.

El modo de establecer la tarifa vigente, denominada de base catastral, tiene un sistema similar al que se usa para el impuesto inmobiliario. En esencia, tamaño de la propiedad, superficie construida, zona donde está localizada. De esta manera en una propiedad de valuación catastral importante, se paga mucho por el agua aunque puede ocurrir que en esa propiedad vivan dos personas mayores con reducido consumo. Lo mismo ocurre con los numerosos conjuntos de departamentos que se han construido en los últimos años y que tienen una valuación alta por ser nuevos. También se puede observar tarifas altas para hogares con pocas personas y bajo consumo.

En definitiva urge establecer una tarifa racional por volumen, tarifa que permite alcanzar dos objetivos muy importantes: por un lado, la equidad, principio fundamental de un sistema tarifario, esto es que dos personas con igual consumo paguen lo mismo. El segundo objetivo es tanto o más importante: incentivar la disminución del consumo de agua. Esto se logra con tarifa escalonada por volumen consumido: a medida que el consumo aumenta se paga más y, cuando se reduce el consumo, se paga menos. La larga emergencia hídrica que estamos viviendo exige poner en marcha acciones eficientes, en lugar de las remanidas apelaciones a la buena voluntad o solidaridad. Por cierto que una tarifa por volumen debe ir acompañada por un sistema de subsidios que, en este caso, no es difícil diseñar y aplicar.

Respecto del tema de la equidad se estaría produciendo otra situación de injusticia llamativa. Al parecer algunos barrios privados muy importantes y bien organizados comprarían el agua en bloque a Aguas Mendocinas, pagando por el volumen. Luego la distribuyen en forma eficiente y los habitantes del barrio pagan por el consumo efectivo realizado. Según algunos datos dispersos estos consumidores pagarían cifras llamativamente menores que en viviendas similares fuera de los barrios.

Ahora bien, tan preocupante como el tema tarifario y los aportes que el gobierno ha debido hacer para que Aguas Mendocinas funcione, es lo que está ocurriendo en la empresa. Su conducción desde el comienzo, como era previsible, está manos de dirigentes políticos y/o sindicales. No se advierten, además, mejoras en los servicios. Todo ello exige que la empresa proporcione información sobre su situación económico-financiera, evolución de la planta de personal, de los cuadros jerárquicos, sueldos que pagan, entre otras cosas. La transparencia es indispensable para despertar confianza.