¿Qué dicen los proyectos presentados?

En Diputados, hay algunos proyectos presentados y con estado parlamentario que establecen la despenalización. Uno, firmado por la trotskista Myriam Bregman (mandato cumplido) y las kirchneristas Diana Conti y Ana Carolina Gaillard, que establece en su artículo 1 que “el cannabis, sus semillas y sus derivados” serán considerados “sustancias de uso legal” en todo el país, “tanto para su plantación, cultivo, cosecha, producción y almacenamiento como para su comercialización, distribución, adquisición, tenencia y consumo”.

También hay otro proyecto que establece la legalización y regularización firmado por los diputados Araceli Ferreyra, Lucila de Ponti y Leonardo Grosso, del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita), y también por Gaillard.

El oficialismo no tiene presentada ninguna iniciativa al respecto, pero el macrista Daniel Lipovetzky declaró su apoyo a los proyectos con estado parlamentario. “Tenemos que avanzar hacia la despenalización. ¿Cuándo? Tal vez la ministra sepa cuándo es el momento. Pero el camino, el objetivo, es avanzar. Hay otros países que lo han hecho y no ha aumentado el narcotráfico”, planteó a Los Andes.

Los proyectos de ley con estado parlamentario autorizan el autocultivo individual o colectivo para consumo personal, sin ningún control estatal.

Los productos fabricados, en cambio, sí serán controlados por el Estado a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Ministerio de Salud. Establecen la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos elaborados con cannabis, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación.

Además, todo conductor estará inhabilitado para conducir vehículos en zonas urbanas, suburbanas o rurales del territorio nacional cuando se le detecte cierta concentración de tetrahidrocannabinol (THC).

Tampoco estaría permitida, según estas iniciativas, toda exportación de cannabis, sus semillas y sus derivados sin la debida autorización del Ministerio de Salud. Establecen, además, la extinción de la pena y/o de la acción penal para todas las personas denunciadas, procesadas y/o condenadas por consumir o autocultivar individual o colectivamente.