“Nadie dijo que esto iba a ser fácil”

La discusión que ha planteado el sector vitivinícola sobre la ley de uso de jugos naturales devela una serie de relaciones cruzadas entre empresas, provincias, instituciones, legisladores e industrias que nos acercan como país más al siglo XIX que al XXI y representan -para la actividad vitivinícola- el enorme desafío de pelear por mercados genuinos para su producción.

En la última película, “Los ocho más odiados”, Quentin Tarantino devela las relaciones de poder, amor y odio en la sociedad norteamericana del siglo XIX, en un perdido paisaje de Wyoming. Uno de sus personajes, encarnado por Kurt Rusell, sentencia: “Nadie dijo que eso iba a ser fácil”.

Como en una película desarrollada en capítulos, los distintos jugadores del mercado de bebidas, proveedores, productores, instituciones tienen reservado un rol y desarrollan su papel como en el film de Tarantino.

La discusión de la llamada ley de uso de jugos naturales excede el texto normativo y plantea el poder de lobby de grandes compañías y su relación con las economías regionales y con la Nación.

En 1979, el decreto 2.682 estableció un impuesto del 25% para las bebidas analcohólicas con una desgravación a 0% si se saborizan con jugos naturales. Primero en 1996 y luego en1999 las empresas de refrescos comenzaron a presionar fuertemente al gobierno para conseguir reducciones en esos gravámenes. Fue así que llevaron el impuesto interno original del 25% a 8% y lograron también la posibilidad de reducirlo a 4% si se utilizaban jugos naturales en la fórmula de las bebidas.

Obviamente, el incentivo para que las empresas de refrescos utilizaran jugos naturales al menos en un 10% de la composición quedó demolido y la conveniencia de utilizar cantidades mínimas quedó como herramienta de marketing: lo cierto es que estas bebidas -pese a llevar nombres de frutas y presentarse como opciones “naturales”- utilizan saborizantes y jarabe de maíz de alta fructuosa, que endulza el doble y cuesta la mitad.

El nudo dramático de esta trama se desencadena en 2013 cuando el diputado Luis Basterra, (uno de los “odiados”) presenta un proyecto que vuelve a elevar el impuesto interno al 28% y desgrava a 3% si estas bebidas utilizan jugos naturales.

Con posterioridad, y por iniciativa de nuestro sector liderado por la Corporación Vitivinícola -Coviar- se incluyen el jugo de uva y manzana como edulcorantes ya que las bebidas colas estaban alcanzadas por el impuesto pero, al no existir jugos de cola, desgravan por el uso del 9% de jugo de uva y un porcentaje de azúcar de caña.

Todo esto se delineó para no afectar a la industria azucarera y, en todo caso, incrementar su participación. Es la Corporación Vitivinícola la institución que gestiona esta iniciativa, presentada en el Congreso por los diputados Guillermo Carmona, de Mendoza, y Daniel Tomas de San Juan. Dos “odiados” que se suman al grupo.

Inmediatamente aparecen nuevos jugadores en el escenario: los representantes de empresas que dominan el negocio del azúcar y que, a su vez, son propietarias de plantas de jarabe de maíz de alta fructuosa; lo hacen a través de un personaje secundario, un experto en lobby que se autodenomina “el embajador”.

Comienza una feroz campaña anunciando todo tipo de males y pestes si este proyecto avanza y apunta directamente a la industria vitivinícola. Llama al proyecto en cuestión “la ley del mosto” para identificar a su enemigo. Su objetivo es enemistar a dos economías regionales. El mensaje es claro: “No queremos nuevos jugadores y, si lo intentan, atacaremos al vino”.

Otro de los actores, el jarabe de maíz de alta fructuosa, llega al lugar de los hechos. Pero ¿quién es este nuevo integrante que llena de advertencias el lugar con furibundas cartas documento a quien se atreva a hablar? Veamos qué dice el libro “Mal comidos” de Soledad Barruti sobre este edulcorante: “El jarabe de maíz de alta fructuosa es una sustancia a la que nadie estaba expuesto antes de la revolución de los monocultivos transgénicos. El mismo es más dulce que el azúcar y su producción cuesta la mitad, lo que ha permitido mezclarlo en casi cualquier producto”. En este libro se argumentan los distintos efectos sobre la salud con inquietantes consideraciones.

Los próximos personajes son los representantes de bebidas gaseosas que, ante la iniciativa del sector vitivinícola, despliegan todo su poder de fuego con una actitud “disuasiva”, contactando a todos los actores institucionales, gobernadores, ministros, empresas, cámaras con un mensaje claro: “No estamos dispuestos a cambiar”.

Lo que antes hacían por un notorio beneficio impositivo y que consiguieron a partir de 1999, hoy es imposible. No están en consideración los argumentos respecto de la salud humana. Sus gerentes, educados y entrenados en su discurso, llenan el país con declaraciones de beneficios ya otorgados y el mensaje de que no están dispuestos a más.

Como en un cuento de Rudyard Kipling, también del siglo XIX, “Los lanceros de Bengala”, con sus uniformes rojos y blancos, llevan el mensaje a los más recónditos lugares de nuestro país. Mientras se multiplican acusaciones sobre los efectos de la excesiva cantidad de azúcares artificiales presente en estas bebidas y sus efectos, en la televisión un rozagante y algo excedido de peso Santa Claus, bebe su bebida predilecta mientras una voz en off dice: “No creas todo lo que te dicen”.

¿Pero qué dicen en el siglo XXI sobre estas bebidas? Nuevos impuestos. Michelle Obama recomendando ir hacia bebidas y alimentos naturales, organismos de la salud que advierten sobre nuevas pandemias como la obesidad infantil y los riesgos del azúcares artificiales en exceso. Sólo un párrafo del diario El País: “Un estudio elaborado por la Universidad de Harvard y hecho público esta semana en el Congreso de la Asociación Nacional del Corazón de Estados Unidos concluye que México es el país en el que más personas mueren por consumir bebidas azucaradas.

“Al año, de cada millón de personas que fallecen en el país, más de 300 lo hacen por este motivo”, según explican los investigadores en un comunicado. En México, además, una de cada tres personas padece diabetes y son los menores de 45 años los que tienen más riesgo de morir por esta circunstancia. Exactamente, 24.000 personas fallecieron en 2010 por enfermedades relacionadas con el consumo de estas bebidas en el país”, explica la doctora Gitanjali Singh, coautora del estudio.

En contraste, en Japón, que cuenta con uno de los consumos más bajos del mundo, tan sólo 10 personas de cada millón murieron por esta causa en el mismo año.

Otro párrafo para el alcalde de Nueva York: “La obesidad es un problema nacional. En todo Estados Unidos los responsables de salud pública se lamentan y dicen que es terrible”, expresó Bloomberg en una entrevista con el diario The New York Times. “Nueva York no es un lugar para lamentarse; aquí se trata de hacer algo”, completó.

La embestida de Bloomberg contra las gaseosas comenzó en 2009, cuando lanzó una campaña publicitaria contra su consumo. En ese momento señalaba que 600 mililitros de gaseosa diarios equivalían a 22 kilos de azúcar por año. Esta vez, el alcalde volvió a echar mano a datos duros. Ayer, subrayó que 58% de los adultos en Nueva York son obesos o tienen sobrepeso y este problema también afecta al 40% de los niños de las escuelas”.

El último de los integrantes de este grupo es la industria vitivinícola y los gobiernos de las provincias productoras, legisladores, intendentes que deben poner lo que al resto de actores de esta película inquieta y enerva: la defensa del bien común, la defensa de las economías regionales, no con subsidios o dádivas, sino generando las condiciones para ganar mercados y defendiendo la salud de los argentinos.

Obviamente el mosto es azúcar y le alcanzan las generales de la ley, pero es un azúcar natural proveniente de nuestros viñedos y puede lógicamente tener un costo superior a otros edulcorantes pero nunca a costa de la salud de sus consumidores.

Nada en esta batalla se puede llevar adelante sin organización y sin recursos. Los otros actores están armados hasta los dientes y esperan nuestros movimientos; los estudios, las acciones, la gestión de esta ley son imposibles sin la articulación entre los representantes públicos y privados que se sientan en la mesa de la Corporación Vitivinícola Argentina.

Esperemos que, como en una película que se desarrolla en el siglo XIX, ésta tenga un final feliz. Seguramente este artículo desatará la reacción de todos los personajes involucrados pero, como decía Winston Churchill, “no hay nada más placentero en la vida que a uno le apunten y no le peguen”.