Los gremios se pronunciaron en contra de la Ley de Bases, mientras el oficialismo sigue buscando acuerdos

Las centrales obreras se manifestaron hoy en contra de la Ley de Bases y apuntaron contra la reforma laboral, el régimen de inversiones y las privatizaciones y reclamaron que el senado rechace la iniciativa.

Pymes industriales marcharán al Senado para pedir cambios en la Ley Bases

Los titulares de la CGT, Héctor Daer, y de la CTA, Hugo Yasky, expusieron en un Plenario de Comisiones del Senado Nacional para fijar posición sobre las normas en tratamiento convocados por el bloque de Unión por la Patria (UxP) comandado por el senador por Formosa, José Mayans.

Mientras tanto, el oficialismo continúa en negociaciones con distintos bloques en busca de los votos que le permitan aprobar la Ley de Bases y el paquete fiscal objetivo que aún no tiene asegurado pese a la serie de reuniones que se mantuvieron el fin de semana.

El debate en las comisiones se extenderá toda la semana lo cual puede complicar la firma del dictamen, dado que además este miércoles habrá una sesión informativa del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el recinto lo que pondrá en pausa las negociaciones.

Luego de quejarse por no haber sido convocado por la Cámara de Diputados, el debate lo inicio Daer enumerando los cuestionamientos tanto para la Ley Bases y el paquete fiscal.

El co titular de la CGT comenzó con críticas al capítulo que permite a un monotributista incorporar hasta a cinco colaboradores sin que se considere como una relación de dependencia.

“Se habilita esa posibilidad a un abanico muy amplio de actividades y nos parece un error. Existen 409 mil empresas con menos de cinco trabajadores que nos da un total de 600.000 trabajadores en ellas a quienes con esta ley los llevamos a una informalidad legal”, afirmó el sindicalista.

“En vez de avanzar a la formalización los mandamos a la informalidad y les damos un paragua legal”, se quejó Daer.

Luego apuntó al Fondo de Cese (para indemnizaciones) porque consideró que “la redacción se tomó con mucha liviandad y parece un absurdo”.

También cuestionó el régimen simplificado para inscribir trabajadores en empresas de menos de 12 empleados. En ese caso respaldó la eliminación de trámites, pero no el pago único de cargas impositivas y sociales en lugar de un porcentaje del salario porque eso podría derivar en el desfinanciamiento de obras sociales, ANSES y PAMI.

En la misma línea fustigó los cambios en el “estatuto del viajante” y consideró que su eliminación es “a medida de algún estudio jurídico con nombre y apellido porque su impacto es pequeño y le debe estar tocando los callos a alguno”.

Daer extendió las críticas a las facilidades que se le otorga a las empresas para un despido discriminatorio, y a los cambios propuestos para la reestructuración del empleo público.

Asimismo, se pronunció en contra de las todas las privatizaciones propuestas por las experiencias sufridas en el pasado.

Con respecto del capítulo que reincorpora el impuesto a las Ganancias para asalariados, Daer apuntó a los gobernadores que apoyarían el cambio porque el piso de $ 1.800.000 no afecta a sus provincias.

“A partir del valor nominal que se ponga cuando se apruebe la ley y se reglamente, van a pasar seis meses con inflación de 100% y entonces tengan en cuenta (los gobernadores) que va a alcanzar a más del doble de los trabajadores que hoy se plantea”, advirtió Daer,

El Gobierno admitió que negocia cambios en la Ley Bases para que avance en el Senado

El referente de la CGT también se manifestó en contra del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI).

“Que tengan beneficios tributarios, que no tengan que hacerse cargo de la cadena de valor de suministro y que solamente favorezca una cuestión extractiva y se enajene la riqueza, no es el mejor camino. Argentina tiene los metales que necesita el mundo y las inversiones van a venir con o sin ley”, enfatizó.

Por su parte, el titular de la CTA, Hugo Yasky, acompañó los reclamos de la CGT y amplió los cuestionamientos a la extensión del período de prueba en el plano laboral y al blanqueo de capitales que a su juicio pueda favorecer acciones de lavado de dinero.